El Cabril

El Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba) ha manifestado este jueves su oposición al 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), documento que recoge las estrategias y actividades a realizar en España en relación con los residuos radiactivos, el desmantelamiento de instalaciones nucleares y su estudio económico-financiero, recogiendo medidas para el centro de almacenamiento de El Cabril, ubicado en el término municipal de Hornachuelos, y con las que no está de acuerdo el Consistorio.

El Cabril construirá 27 nuevas celdas para residuos del desmantelamiento de las centrales nucleares del país

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A este respecto y en una nota, el Ayuntamiento ha señalado que, en cuanto al almacén de residuos radiactivos de media y baja actividad de El Cabril, “no existe sorpresa, ya que mantiene la ampliación que ya se reflejaba en el 6º Plan General de Residuos Radiactivos, aprobado el 23 de junio de 2006”.

No obstante, según ha subrayado el Consistorio, “existe una gran diferencia de situación en cuanto a las competencias locales, ya que con la aprobación en el Congreso de la Ley de Cambio Climático, en la que se declaró de 'interés general' cualquier obra de construcción, modificación o ampliación prevista en el PGRR, el Ayuntamiento pierde la posibilidad de cualquier tipo de control urbanístico o ambiental”.

Para el Consistorio, “esto no puede significar la pérdida del derecho del Ayuntamiento y de los ciudadanos de Hornachuelos de formar parte del proceso, para poder defender sus intereses, ya que esta ampliación les afecta directamente y conlleva unos efectos socioeconómicos negativos para el municipio, que de alguna manera se deben ver paliados”.

En este sentido, Hornachuelos ha señalado que “el 7º PGRR no recoge ningún procedimiento definido y claro sobre la toma de decisiones para la ampliación de El Cabril, ni contempla ningún sistema de mitigación de los efectos negativos que supone albergar este almacenamiento durante cientos de años para el municipio de Hornachuelos”.

Además, “este tipo de políticas contradicen totalmente las directrices de los organismos internacionales sobre la participación del público en las decisiones sobre residuos radiactivos, como son la OIEA-ONU, la NEA-OCDE y la Comisión Europea. Además coloca a España a la cola de Europa en la aplicación de políticas reales de concertación social en estos temas”. Por ello, la publicación se considera por parte del Ayuntamiento “una falta de respeto total a la ciudadanía y a la Administración local”.

El Ayuntamiento de Hornachuelos, junto a la Asociación de Municipios den Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), exige “un diálogo real y sincero con el Estado, y que considere desde un principio la participación de las autoridades locales en la definición de cualquier estrategia y que a la vez contemple la mitigación de los efectos negativos de las instalaciones en los territorios de su emplazamiento”.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Hornachuelos y AMAC llevarán a cabo “todas y cuantas acciones estén a su alcance para la consecución de todos los objetivos mencionados, a través de políticas firmes, responsables y unánimes dirigidas a concienciar a la opinión pública de esta problemática, y a evitar decisiones consumadas y adoptadas sin la participación de los municipios”.

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