Movilización contra el juego “ilegal”

Protesta de trabajadores de la ONCE contra el juego ilegal | ÁLVARO CARMONA
Representantes de la UGT, sindicato mayoritario de la ONCE, se movilizan en toda España por una lotería irregular que usa a personas con diversidad funcional, parados e inmigrantes como vendedores

Una veintena de personas convocadas por UGT, sindicato mayoritario de la ONCE, se concentró ayer frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno para protestar por el auge del que consideran “juego ilegal”. La movilización se repiten toda España. Los trabajadores de la Organización Nacional de Ciegos de España, junto con el apoyo de otros entidades vinculadas a la diversidad funcional, critican la pasividad del Gobierno y las administraciones públicas. En concreto, señalan la implantación de una presunta lotería “ilegal” que dirige la denominada OID (Organización de Impulso a los Discapacitados y que sin pagar impuestos, sigue un esquema similar al de la ONCE “pero sin los beneficios sociales para los vendedores y llevando a la confusión a los consumidores”, critica Rafael Arrabal, secretario del sindicato en Córdoba.

La OID se defiende tachando “la inadmisible posición de privilegio y monopolio que ostenta la ONCE en nuestro país para el desarrollo de loterías y sorteos benéficos conculca la normativa europea del Tratado de Roma constitutivo de la Comunidad Europea”. La OID reconoce que jamás ha ocultado su actividad y afirma que lleva luchando por su “normalización en el marco del derecho a la libre competencia”, solicitando desde su “inicio” la “oportuna autorización administrativa de su sorteo con fines benéficos, encontrándose la última de estas solicitudes en vía Contencioso-Administrativa”. Asimismo, afirma que “también la Once lanzó su primer boleto en la ilegalidad”.

La ONCE calcula que en España se mueven alrededor de 82 millones de euros en juego ilegal, de los que 60 podrían ser los que maneja la OID, señala Arrabal. Para él, estas cifras son un problema para la plantilla de la ONCE que en la provincia de Córdoba rondan las 500 personas, 240 de ellas en la capital.

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