Una madre denuncia que la Junta “condena” a su hijo a una silla de ruedas

Manuel (nombre ficticio) tiene nueve años y sufre Distrofia Muscular de Duchenne, una enfermedad rara y degenerativa que provoca que los músculos vayan perdiendo fuerza. Aunque Manuel anda, necesita ayuda para realizar su vida diaria. Hasta el pasado lunes 23 de octubre, el CEIP Torre Malmuerta -dependiente de la Junta de Andalucía- le había facilitado un monitor especial que se encargaba de su desplazamiento por el colegio. Sin embargo, la dirección del centro le comunicó a su madre, Rosa García, que el pequeño no seguiría teniendo esa atención.

Ante esta situación, la madre del pequeño -junto a la Red Española de Madre y Padres Solidarios (REMPS)- ha acudido este miércoles a las puertas del colegio para denunciar su caso. Allí, Rosa García ha descrito las opciones que la Junta de Andalucía les ha facilitado: “Llevarme a mi hijo a mi casa y que me manden un profesor durante varias horas diarias, que pongamos a una persona que esté con él -y pagada por nosotros-, o que le pongamos una silla de ruedas”, ha explicado García. Sin embargo, Manuel no precisa de silla de ruedas. “Todavía no la tiene prescrita. Se mueve. Solamente necesita la ayuda de una buena persona que lo mueva”, afirma su madre.

En ese sentido, Rosa García ha asegurado que “los desplazamientos a todas las estancias de nuestra casa los hace sólo con nuestra ayuda y él anda y llega a todas ellas”. Además, ha apuntado que son ellos mismos -García y el padre de Manuel- los que sostienen económicamente “la fisioterapia y logopedia” del niño, “que fue denegada por la Junta de Andalucía al cumplir el pequeño seis años. Cada sesión de fisioterapia de 45 minutos cuesta 34 euros y si lo sentamos en una silla de ruedas causaríamos en él un efecto contrario al esfuerzo que hacemos por el bien de su salud”.

Aunque desde la dirección aseguran que son los monitores los que se niegan a atender a Manuel, estos mismos apuntan que un informe técnico sobre riesgos laborales les impide coger más de 30 kilogramos. Ante esta afirmación, García ha explicado que la directora del centro “se negó” a facilitar toda esa información por escrito y que su hijo no pesa 30 kilos. Hay que señalar que Manuel lleva escolarizado en este centro “desde el principio” y la Junta de Andalucía realizó “un dictamen de escolarización” en el que estaba prescrita esa monitora especial, apunta la madre.

Después del comunicado de la dirección del centro, que se produjo telefónicamente, García se dirigió al Juzgado de Menores, donde le indicaron que “no tenían competencia en menores que tuvieran padres”, por lo que la derivaron al Juzgado de Familia. Allí también le volvieron a comunicar “que ellos no tienen competencias en el asunto” y le aconsejaron que acudiera al Juzgado de lo Contencioso y Administrativo. Tras este periplo judicial, García se encontró con las puertas cerradas y el pasado 24 de octubre denunció los hechos ante el Juzgado de Guardia número ocho. Asimismo, también ha presentado una solicitud ante el Defensor del Pueblo para que escuche su caso y mejore lo antes posible la situación de Manuel.

Después de la denuncia pública, la Policía Nacional se personó en el centro ya que hubo momentos de tensión. Posteriormente, los padres de Manuel se han personado en la Delegación de Educación para mantener un encuentro con la delegada Esther Ruiz, pero no los ha recibido.

Finalmente, los padres del menor se han reunido en la Audiencia Provincial con una fiscal que se ha comprometido a revisar las actuaciones del CEIP Torre Malmuerta para valorar si son constitutivas de delito. En tanto no se garantice la seguridad física del menor, además, los padres han decidido no llevarlo al colegio.

La Junta asegura que el menor es atendido según su dictamen de escolarización

La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba ha asegurado este miércoles que el menor “es atendido” en base a “su dictamen escolarización y recomendaciones médicas”. Desde Educación se ha reaccionado así después de que García denunciara el caso públicamente y han recalcado que el centro educativo “tiene todos los recursos técnicos y humanos para atender a este niño y al resto de alumnos con necesidades educativas especiales que están escolarizados en él”.

La Delegación de Educación ha aclarado que, en este caso concreto, el centro educativo sigue “el dictamen de escolarización y las recomendaciones médicas pertinentes”. Además, han recordado que “los monitores tienen unas funciones concretas, no son rehabilitadores, y esta Delegación sigue y respeta lo que dictamina la norma”.