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Hacemos lleva al Defensor y al Consejo de Transparencia su petición del informe de Icomos sobre un hotel junto a la Mezquita

Vista de la Mezquita y del entorno donde se plantea el nuevo proyecto hotelero

Redacción Cordópolis

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El grupo municipal Hacemos Córdoba ha anunciado que trasladará al Defensor del Pueblo Andaluz y al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía la “negativa del alcalde” a facilitar el acceso al expediente y al informe elaborado por Icomos en marzo sobre el proyecto de hotel previsto frente a la Mezquita.

La coalición considera “inaceptable” que, semanas después de solicitar formalmente esta documentación, el equipo de gobierno siga sin permitir el acceso a un informe de “evidente interés público”. Por este motivo, acudirá a ambas instituciones para que se garantice el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Córdoba.

Desde Hacemos Córdoba recuerdan que en diciembre alertaron a Icomos del posible impacto visual que este proyecto podría tener sobre el entorno de la Mezquita, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, y lamentan que “el alcalde haya optado por ocultar” una información que debería estar a disposición de la ciudadanía. “Si el informe de Icomos avalara sin reservas el proyecto, no existiría ninguna razón para impedir su consulta. La negativa del gobierno municipal solo aumenta las dudas y nos hace pensar, una vez más, que Icomos viene a respaldar las advertencias que llevamos meses realizando”, señalan desde la coalición.

Hacemos Córdoba defiende que cualquier actuación que pueda afectar al patrimonio histórico de Córdoba debe “estar sometida” al máximo nivel de transparencia y participación pública. “La ciudadanía tiene derecho a conocer qué dice exactamente Icomos y cuál es la valoración técnica sobre este proyecto. El Ayuntamiento no puede convertir en un expediente oculto una decisión que afecta a uno de los principales símbolos de la ciudad”, concluyen desde el grupo municipal.

Con esta iniciativa, Hacemos Córdoba pretende que el Defensor del Pueblo Andaluz y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía requieran al Ayuntamiento la entrega de la documentación y garanticen el derecho de acceso a la información.

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