Familias denuncian el “blanqueo” de la industria del alcohol en un programa en centros educativos

La Plataforma Familias en Red y Activas (FERYA), que trabajan en propiciar espacios de ocio saludables para los jóvenes y evitar las adicciones, ha denunciado el convenio firmado por el Ayuntamiento de Córdoba y la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE), “para llevar a cabo su supuesto programa de prevención de consumo de alcohol en los centros educativos e impulsar un consumo moderado de alcohol entre los jóvenes”.

“Como familias implicadas en prevención en la Plataforma FERYA y en la protección de nuestros hijos e hijas, no aceptaremos que se utilice a nuestros hijos en estas estrategias de marketing y de blanqueo de imagen” de la industria del alcohol, señalan en un comunicado.

Sobre ello, explican que las organizaciones de familias cordobesas y profesionales que formamos parte de la Plataforma FERYA denuncian este convenio y piden “a nuestros responsables políticos que no implementen en los centros educativos estos supuestos programas preventivos”.

Las familias ofrecen varios argumentos para oponerse a que la industria del alcohol participe en la prevención de su consumo. Y señalan que el Plan Nacional sobre Drogas del Gobierno de España (PNSD) y el Observatorio Europeo ante las Drogas (EUDA), basándose en la evidencia científica, están en contra de la intervención de la industria del alcohol en la prevención, por varios motivos.

“La industria prioriza sus beneficios sobre la salud pública”

Entre ellos citan que “existe un fuerte conflicto de intereses: la industria prioriza sus beneficios sobre la salud pública. Su participación en políticas preventivas las vuelve menos efectivas, distorsionando y ralentizando la implementación de medidas basadas en evidencias. Es fundamental establecer políticas claras de conflicto de intereses para garantizar la efectividad de las medidas preventivas y proteger la salud pública”.

Junto a ello, aseguran que “promulgan un fomento masivo a propuestas ineficaces: promueven campañas educativas que han demostrado ser inefectivas, mientras se oponen a políticas que sí funcionan, como el aumento de precios o la regulación de la publicidad”.

Además, en su comunidado, las familias afirman que “las campañas y charlas en las escuelas no son preventivas: que la industria entre en las escuelas a decir a los adolescentes que no deben consumir alcohol hasta los 18 y que cuando lo hagan deben hacer un consumo responsable, eso no es prevención efectiva. No vale cualquier charla como prevención”.

En ese sentido, precisan que “la ciencia de la prevención tiene establecido unos criterios de calidad, basados en evidencias, en los programas escolares, y existen profesionales versados en esta materia a los que acudir. Una charla preventiva que no es efectiva, incluso puede ser perjudicial, y la industria lo sabe”.

Y añaden que “resulta especialmente sangrante, que las administraciones faciliten espacios educativos públicos para fomentar iniciativas privadas enmascaradas como de utilidad social, utilizando, además, a personajes televisivos como si expertos en la materia fuesen”.

“Estrategia de marketing”

Con todo, afean que este tipo de programas son “una estrategia de marketing: todo el programa que propone la industria es una pre-campaña publicitaria dirigida a los menores de edad, como el uso de la palabra ”espíritu“, ligándose al nombre de su federación de ”bebidas espirituosas“ y relacionándolo con la estrategia publicitaria de la libertad individual para elegir sus consumos. ”¿Realmente, si es tan guay, por qué voy a esperar a tener 18 años?“. Además, es sabido que el marco de los 18 años es una referencia legal a la mayoridad no correlacionada con los consumos. Es decir, no significa nada a los 18 años de edad si la formación completa del cerebro ocurre por lo menos 3 a 5 años más tarde que esto. Las familias sabemos que ”cuanto más tarde mejor“ y ”si no lo consume, mejor. No es “aguantarse” hasta los 18 porque después “¡no pasa nada!”.

Junto a esto suman otros argumentos, como que estas campañas “crean desinformación pública al minimizar los riesgos del consumo de alcohol”, y aseguran que “propician una normalización peligrosa permitiendo su participación y legitimando su influencia, normaliza el consumo de alcohol y desvirtúa los objetivos de las políticas preventivas”.

Recuerdan el coste social del consumo de alcohol, ya que “los daños causados por el alcohol recaen sobre los sistemas de salud y las familias, mientras la industria sigue maximizando sus beneficios” y, añaden que siempre se ha de “amparar la protección de menores: no deberían tener contacto directo con menores ni promover alcohol en contextos educativos o mediante figuras públicas influyentes. Su influencia en los jóvenes debe ser estrictamente regulada”.