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La familia del torero Guerrita acusa al Ayuntamiento de saltarse procedimientos para no devolverle sus bienes

La familia de Guerrita pide la devolución de bienes que cedió al Museo Taurino hace 35 años

Redacción Cordópolis

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La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba tomó conocimiento este lunes de una resolución administrativa que dicta a su favor y en contra de la reclamación de la familia de Rafael Guerra Bejarano Guerrita para que el Consistorio le devolviera bienes que habían pertenecido al torero. Los familiares llevan desde el año 2015 pidiendo al Ayuntamiento la devolución de los bienes, que fueron donados en 1987 para una exposición y que desde que el Museo Taurino se cerró para su reforma nunca más han vuelto a ver.

Tras las informaciones de este lunes, la familia de Guerrita ha mostrado su “más profundo malestar y decepción por el trato recibido por parte del Ayuntamiento, que ha actuado durante todos estos años con una absoluta falta de diligencia y transparencia, pero sobre todo por la actitud de desaire y descortesía con quien ha contribuido al patrimonio histórico artístico taurino de Córdoba, nuestro padre y abuelo José Guerra Montilla”, según señalan a través de una nota de prensa. De hecho, se preguntan si es que los bienes se han perdido o han sido hurtados. 

En su relato, la familia acusa al Ayuntamiento de faltar a la verdad “cuando dice que se trata de una cesión temporal para el Centenario de Alternativa de Guerrita en 1987. Constan en el Archivo Municipal bienes cedidos en depósito por nuestro padre, quien iba a ser el director del Museo como es conocido y notorio, desde el año 1982. El objeto del depósito de los fondos taurinos era que estuvieran expuestos para disfrute de todos los visitantes. El Museo cierra en 2005 y en su reapertura, 2014, los bienes no son expuestos, y al no cumplir el fin de su depósito es cuando se solicita su devolución”.

Además, han mostrado su sorpresa al enterarse “por la prensa” de la decisión de la Junta de Gobierno Local. “Ninguna comunicación o notificación de trámite alguno se nos realiza desde el año 2015, desconociendo porque no se nos traslada como interesados ningún Informe, silenciando otro de la entonces directora del Museo favorable a la devolución; todo ello, al margen de la normativa procedimental administrativa y falta absoluta de transparencia”, exponen. 

En cuanto a sus argumentos, señalan que “no es lo mismo ceder, donar que depositar, y en los numerosos inventarios públicos que se han realizado de los fondos del Museo Taurino aparecen los bienes que reclamamos expresamente: cedidos en depósito, con identificación del bien, de la persona depositante y año. No consta titularidad municipal en ninguno de ellos, según información del Portal de Transparencia requerida. No vamos a entrar en cuestiones jurídicas, para ello hay otras instancias, aunque resulta llamativo que se diga que adquieren por usucapión cuando, por una parte, no se nos ha dado traslado, como parte interesada, del expediente de adquisición por prescripción que ha de seguirse, y por otra, la posesión de buena fe en la que se basa tal acción”. Así, agregan que tal como dispone la norma “consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueño de ella y podía transmitir su dominio”, reconociendo así la propiedad de esta Familia de dichos bienes. Nunca se han renunciado a los bienes, ni se cedieron o donaron, se depositaron con el fin único de que estuvieran expuestos, y al no estarlos, el depositante está en su pleno derecho de pedir su devolución“.

En este sentido, concluyen que “ha quedado patente la actuación arbitraria e injustificada del Ayuntamiento de Córdoba, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, con desprecio no solo a la legalidad sino a la consideración del ciudadano en la defensa de los derechos e intereses legítimos que considera. Y todo ello obedece únicamente a ocultar una realidad: la pérdida, y quizás hurto o apropiación indebida, de bienes que estaban bajo su custodia”. “Córdoba no se merece un gobierno que actúa al margen del procedimiento, a sabiendas de ello, con una falta absoluta de transparencia, imparcialidad e independencia, y con un proceder sin respeto y deferencia al ciudadano”, concluyen.

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