Los 20 años del plan de Fátima para construir viviendas donde había una cárcel

En el año 2000 salió el último preso de la histórica cárcel de Fátima. La que fue prisión provincial de Córdoba estuvo más de medio siglo abierta, en el corazón de un popular barrio cordobés. Entonces, el Ministerio del Interior trasladó a todos los presos y a los funcionarios hasta la prisión provincial de Alcolea, que ya venía operando desde años atrás. Y durante los dos siguientes años, una comisión mixta con el Ayuntamiento de Córdoba decidió qué iba a ser del inmenso solar que dejaba atrás lo que un día fue una cárcel.

Aún hoy se puede observar un espacio muy pequeño de lo que era la prisión. El centro cívico de Fátima está en el lugar de la puerta de entrada, por la que desfilaban muchos de los familiares que acudían a ver a los presos. También sigue existiendo el primer patio y una pequeña zona anexa. El resto de la prisión fue demolida y en su lugar surgió un enorme solar, que es propiedad de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios.

En 2002, el Gobierno y el Ayuntamiento firmaron un convenio para desarrollar esta enorme bolsa de suelo, a imagen y semejanza de los convenios que se habían firmado con decenas de ayuntamientos en el resto de España tras el cierre de otras prisiones y también de distintas instalaciones militares. La operación no fue, ni mucho menos, especulativa. De los 25.000 metros cuadrados que ocupaba la antigua cárcel de Fátima, 20.000 metros cuadrados serían para la ciudad. El resto, 5.000 metros, lo ocuparían viviendas.

Este suelo se desarrolló en el año 2008, justo cuando estalló la crisis del ladrillo. El proyecto entonces se quedó congelado. Tanto que en noviembre de 2013, el Ministerio de Hacienda sacó a la venta los cuatro solares, en los que está prevista la construcción de un total de 190 viviendas (el 70% libres y el 30% restante de VPO), pero no obtuvo oferta alguna. El departamento esperaba conseguir ocho millones de euros por la venta de estas cuatro parcelas. No lo logró.

Finalmente, la propia Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios ha optado por desarrollar el suelo y urbanizar todo el terreno. Después, construirá viviendas y cederá su parte al Ayuntamiento, que tendrá que edificar las suyas. Todas las viviendas municipales deberán ser obligatoriamente de protección oficial.

Los trámites urbanísticos se alargaron hasta principios del año 2019, cuando finalmente se solventaron. A día de hoy, el Gobierno está pendiente de que se apruebe definitivamente el proyecto de urbanización que se ha presentado ante la Gerencia Municipal de Urbanismo, pero esto, según asegura el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a preguntas del diputado del PSOE Antonio Hurtado, es algo que aún no ha ocurrido. Ante eso, el Gobierno señala que no puede dar plazos de cuándo se comenzarán a construir estas viviendas y concluirá definitivamente la historia de la cárcel de Fátima.

La futura edificación contará con 236 viviendas, de las que 164 serán libres y otras 72 serán viviendas protegidas, además de 159 plazas de aparcamiento en superficie y 262 dentro de los edificios residenciales. El proyecto también prevé más de 4.000 metros cuadrados para equipamientos, 1.200 para viales de conexión y 15.500 metros cuadrados de espacios libres.