La Junta plantea cambiar el nombre del barrio de Cañero y cumplir la ley

El director general de Memoria Democrática presenta el anteproyecto de ley en Córdoba y pone como ejemplo de la simbología a retirar la de la barriada cordobesa

“Esto debería ser de sentido común”. El director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, ha presentado hoy en Córdoba el anteproyecto de ley de Memoria Democrática que aprobó la pasada semana el Consejo de Gobierno andaluz. Entre otras medidas, el anteproyecto de ley contempla eliminar cualquier rastro de simbología franquista del callejero de las ciudades. Preguntado sobre qué cosas habría que cambiar del callejero de la ciudad de Córdoba, el director general puso como ejemplo el nombre del barrio de Cañero, que habría que cambiar pues responde a un “genocida”.

Antonio Cañero fue un histórico militante falangista que durante la Guerra Civil creó un grupo paramilitar llamado Escuadrón Cañero o Escuadrón del Amanecer. Según diversos historiadores, este grupo fue protagonista de numerosas matanzas durante la guerra en distintos municipios de la provincia de Córdoba. Además, Cañero fue rejoneador y al final de su vida y a petición del obispo Fray Albino cedió el suelo sobre el que hoy se levanta el barrio que recibe su nombre.

Lo que la Junta plantea, como propone la ley, es cambiar todo homenaje relacionado con el franquismo. En caso de aprobarse la ley, los ayuntamientos tendrían un plazo de 18 meses para retirar todos los nombres que incumplan la ley y en caso de que no lo hiciesen la Junta de Andalucía podría actuar de oficio. Luis Naranjo, que ha insistido en que “se trata de aplicar el sentido común”, ha insistido en que “nadie entendería” que un etarra pudiese dar nombre a una calle en el País Vasco, que el mariscal Petain de Francia pudiese dar nombre a un barrio o en Alemania ocurriese lo mismo con Goering o Himmler.

Luis Naranjo puso como ejemplo en Córdoba el del barrio de Cañero, pero aseguró que en estos momentos se está trabajando en localizar más casos en toda Andalucía. En Córdoba capital, por ejemplo, está la cruz que se levanta en los jardines de la Subdelegación del Gobierno, que conserva en números romanos las fechas en que se desarrolló la Guerra Civil. También estaría una placa dentro de la Mezquita Catedral. En cuanto a la provincia, hay calles dedicadas a José Antonio Primo de Rivera en Peñarroya-Pueblonuevo, por ejemplo, y varias cruces a los caídos “por Dios y por la patria” en las que, sostiene Naranjo, “se humilla a las víctimas”.

El director general de Memoria Democrática insistió en que la ley “no es de izquierdas” sino de “demócratas” ya que aseguró que se inspira en numerosa normativa que ya está en vigor en otros países. “En Alemania, Francia e Italia la derecha participó en la creación de la cultura antifascista”, insistió, a la vez que aseguro que la normativa se sostiene en uno de los derechos humanos fundamentales: la Justicia y la reparación.

Según los datos que maneja el propio gobierno andaluz, en Córdoba existen más de 100 fosas comunes con víctimas de la Guerra Civil y se calcula que en total hay 9.800 fallecidos víctimas de la represión.

Por otra parte, los responsables de la Junta avanzaron que el próximo 8 de junio se instalará el primer monolito de España a la guerrilla franquista, como recalcó el responsable de la Oficina del vicepresidente, Pedro García. Será en el barranco de la Huesa, en las inmediaciones de Santa María de Trassierra, donde el 11 de junio de 1947 fue capturado el Estado Mayor de la Tercera Agrupación de la guerrilla española. En total, se fusiló a cinco maquis, entre ellos al histórico Julián Caballero Vacas, y sus cadáveres se exhibieron públicamente en Villaviciosa y en Villanueva de Córdoba.

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, ha resaltado que este anteproyecto de Ley, nace con el compromiso de la colaboración de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos en la aplicación de la misma y que la futura Ley de Memoria Democrática será la más avanzada de todas las que hay en vigor, salda una deuda con las víctimas de la represión franquista, con los que defendieron la libertad y la democracia y la autonomía plena de Andalucía.

La delegada expone que no basta con denunciar los hechos y recordar a todas las víctimas sino que se hacía necesario contar con un instrumento legal, válido y útil para poder actuar transversalmente, ya que la norma contempla un abanico de actuaciones que van a permitir hacer mucho más visible este fenómeno, otorgarle la importancia social que se merece, arrojar luz, implicar a los ayuntamientos en esta tarea e incorporar a la educación de la memoria democrática andaluza.

A juicio del Gobierno andaluz, la futura Ley de Memoria Democrática será la más avanzada de todas las que hay en vigor, superando la Ley de Memoria Histórica Estatal, y salda una deuda con las víctimas de la represión franquista. La Junta subraya que esta futura norma tiene como propósito fortalecer los pilares de la democracia para que no vuelvan a suceder hechos tan trágicos, porque sólo reconociendo la verdad se pueden evitar actitudes del pasado.

El objeto de la futura Ley es el establecimiento de políticas públicas para la recuperación de la memoria democrática de Andalucía, ampliando el horizonte temporal que marcaba la ley estatal. Además de la segunda república, la guerra civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia, abarca la entrada en vigor del Estatuto de autonomía de Andalucía (periodo del 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982).

El cuerpo normativo del anteproyecto se compone de un título preliminar (artículos del 1 al 4) y seis más : el primero sobre las víctimas de la represión ( art. 5 al 14); el segundo sobre la reparación a las víctimas ( art.15 al 34); el tercero habla de documentos de la memoria democrática de Andalucía ( Art. 35 al 37); el cuarto del fomento del movimiento asociativo y fundacional ( art.38 al 41); el quinto de la actuación y organización administrativa (art.42 al 47) y el sexto del régimen sancionador ( art.48 al 53). Seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria, y dos finales.

En cuanto a las víctimas el articulado recoge, entre otras consideraciones, la ampliación del concepto de víctima a los fusilados, guerrilleros, condenados, exiliados, y se suman los niños y niñas robados o quienes sufrieron la tortura de estar en los campos de exterminio nazis ( art.5); la elaboración de un censo de víctimas de la represión en Andalucía, que tendrá carácter público ( art.6); se señala un día de recuerrdo y homenaje a las víctimas el 14 de junio ( art.17); y de acuerdo con los ayuntamientos, prevé el impulso de la dignificación de las fosas comunes en los cementerio ( art. 18).

Con relación a los lugares y senderos de Memoria Democrática el texto cita la creación de un catálogo de lugares en el que se incluirán los espacios, inmuebles o parajes de singular relevancia vinculados con la represión y violencia por la resistencia al golpe de 1936, la dictadura y la autonomía de Andalucía, que tendrán un grado de protección para garantizar su conservación; la figura del Sendero de la Memoria( art. 21 al 31) y la necesidad e un informe vinculante de la consejería donde residan las competencias de memoria para preservar los lugares inscritos en el catálogo.

En cuanto a los símbolos, de los que se habla en los art. 32 al 34 y en la disposición adicional primera, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y otros símbolos, como el nombre de calles, plazas y avenidas que exalten el golpe de 1936 y el franquismo, de lo contrario la Junta podrá efectuar la retirada subsidiariamente.

Sobre las fosas (art.7-15), se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas; se elaborará un Plan de Memoria Democrática cuatrienal (que se complementará con planes anuales,) donde se priorizan las medidas y actuaciones para la localización, exhumación, y, en su caso la identificación de las víctimas; se trazará un mapa de las áreas donde se localizan las fosas tomando como base el trabajo realizado, y la localización, exhumación y e identificación se incoarán por la Junta o por los ayuntamientos, a instancias de familias, entidades memorialistas e investigadores.

En este aspecto, el Gobierno andaluz va un paso más allá, y cuando los enterramientos estén en terrenos de propiedad privada, si el propietario no da su consentimiento, se procederá a la expropiación temporal de uso de los terrenos.

Asimismo, la Junta denunciará ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones, y la consejería competente podrá instar a la personación del Gabinete Jurídico en representación de la administración autonómica en aquellos procedimientos en los que no haya sido denunciante.

Las infracciones y sanciones ante el incumplimiento de la Ley se recogen en los artículos 48 al 53. Se consideran muy graves: la construcción o remoción de terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, excavaciones sin autorización y la destrucción de fosas, la sanción va de 10.001 a 150.000 euros. Por graves: incumplir la orden de retirada de escudos, insignias o placas , no conservar o realizar obras en los lugares de Memoria Histórica sin autorización, trasladar restos humanos sin autorización o no informar del hallazgo casual de restos. Sanción de 2.001 a 10.000 euros. Por último, incumplir la prohibición de exhibir públicamente placas, escudos, insignias y otros elementos, impedir la visita pública o daños a espacios o mobiliario que están catalogados como Lugares de Memoria, sanción de 200 a 2.000 euros. La Junta no subvencionará o dará ayudas públicas a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que sean sancionadas.

En materia educativa en el artículo 46 el nuevo texto recoge que se incluirá la Memoria Democrática en el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de la Educación Permanente de personas adultas, con la finalidad de revisar los textos escolares para que se ofrezca información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, con contenidos basados en las conclusiones de la investigación historiográfica. También se impulsará la colaboración con las Universidades andaluzas para que incorporen esta materia en los estudios universitarios que proceda.

Asimismo, la norma prevé la creación del Consejo Andaluz de la Memoria Democrática como órgano de participación; la creación del Instituto de la Memoria Democrática que asumirá el estudio, la investigación y el impulso de las medidas que garanticen el cumplimiento de la Ley (art. 42-44); el impulso de las medidas necesarias para la recuperación del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas durante la guerra civil y el franquismo (art.35-37) y el reconocimiento y registro de entidades de Memoria en Andalucía.