La Junta inspeccionará la deforestación del Bejarano para saber si cumple con la legalidad
La Junta de Andalucía era conocedora de lo que estaba ocurriendo en la finca Baldíos de los Ríos en relación a la deforestación que afecta a esta zona y a la del Bejarano, según fuentes consultadas por este periódico. De hecho, la propia Administración emitió una denuncia en el mes de septiembre de 2017 sobre los trabajos que se estaban realizando en una zona próxima. Sin embargo, es ahora cuando agentes de Medio Ambiente supervisarán la zona para determinar los daños producidos en el terreno.
Desde hace semanas, los vecinos de esta zona de Córdoba han visto cómo de esta finca han salido caminos llenos de leña. Fue el pasado domingo cuando el presidente de la asociación Acción Ecologista Guadalquivir, Bartolomé Olivares, constató las obras que allí se estaban realizando y la cantidad ingente de árboles cortados.
La denuncia por parte de la Junta se formuló hace ya más de un año dado que se estaba actuando “en una vía pecuaria y se estaba ampliando la zona de trabajo, pasando de ser un camino a tener entre cinco y seis metros de ancho con el fin de que pudiera entrar maquinaria pesada”. El objetivo del proyecto que ha dado lugar a esta deforestación es la construcción de líneas cortafuegos y recibió el visto bueno de la Junta respondiendo “a criterios técnicos y científicos” basándose en los Planes de Ordenación de Montes.
La realización de cortafuegos es una práctica habitual en la silvicultura preventiva, que consiste en el manejo de la vegetación con el objetivo de disminuir la propagación de los incendios forestales. Según el plan Infoca, la construcción de cortafuegos debe seguir una serie de directrices de carácter ecológico, como son el respeto a los enclaves de interés florístico que contribuyan a la biodiversidad o que sirvan de refugio a la fauna silvestre, como es el caso de esta zona de la sierra cordobesa, o que el impacto de estas líneas cortafuegos sea mínimo.
Tras la visita de los agentes de Medio Ambiente se procederá “a las medidas oportunas por parte de la Administración” si se demuestra que los trabajos realizados no se adecuan al Plan de Ordenación de Montes.
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