La Junta impugna el Plan Especial de Colecor
El Gobierno andaluz exige como medida cautelar que se suspenda todo el procedimiento y argumenta su rechazo en que no se cumple el PGOU
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que ostenta las competencias urbanísticas, ha presentado un recurso por el que se impugna el Plan Especial de protección de la Carretera de Palma del Río, aprobado por el Ayuntamiento de Córdoba, y, como medida cautelar, se solicita la suspensión del Plan, aunque exclusivamente para el ámbito donde se ubicaron las instalaciones de Colecor, según ha informado este departamento a través de una nota de prensa. Este plan había sido aprobado definitivamente por la unanimidad del Pleno del Ayuntamiento: votos a favor de PP, PSOE e IU. Los ediles de UCOR no llegaron a votar, ya que abandonaron el plenario.
La Junta fundamenta su demanda en dos razones básicas. Por un lado, el Plan Especial de protección de la Carretera de Palma del Río introduce un nuevo uso, “industrias y almacenaje incompatibles con el suelo urbano”, que no está permitido por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Córdoba para el ámbito donde se ubicaron las industrias históricas, calificado como suelo no urbanizable de especial protección de la Vega del Guadalquivir. Por otro, dicho Plan establece un nivel de ocupación muy superior al que disponían las edificaciones históricas ubicadas en esta zona, que resulta no justificado en relación con la protección de la Vega, argumenta el departamento que dirige el cordobés Luis Planas.
La Junta considera que el Plan Especial se ha excedido en las facultades que le otorga la legislación urbanística para la regulación de los usos prohibidos y permitidos por el Plan General, debiendo limitarse a “precisar y complementar” sus determinaciones. En este sentido se expresó la propia sentencia recaída sobre el Plan Especial anteriormente anulado, que señala que éste no puede contradecir ni desconocer las prohibiciones de uso que establece el PGOU, y que la asignación de usos debe estar motivada y justificada, conforme a los criterios señalados en el PGOU, a las necesidades y características del terreno, y a la realidad física y natural presente.
Si bien en el PGOU se establece que el Plan Especial debe hacer viable la permanencia de las zonas industriales históricas que alberga -Butano, Colecor, etcétera-, permitiendo su nueva puesta en uso con un nivel de ocupación adecuado, en el documento aprobado por el Ayuntamiento se regulan unos parámetros de ocupación muy por encima del que disponían estas edificaciones, todo ello agravado por la posibilidad de que estos parámetros puedan ser aplicados sobre una superficie mayor de la original, lo que supone un incremento sustancial de la edificación permitida.
En otro orden de cosas, el Plan Especial incumple lo establecido en el PGOU en relación con la protección de los elementos agrícolas patrimoniales y ambientales, ya que se amplía el ámbito en el que se ubicaban las industrias históricas, antes concentradas entre la carretera de la Palma y el camino histórico de Cantarranas, permitiendo así que la edificación se acerque al pie de monte, en perjuicio de los niveles de protección propugnados tanto desde el Plan General como en el propio Plan Especial.
La alteración de las determinaciones del PGOU por parte de este Plan Especial justifica, que la Junta de Andalucía impugne el acuerdo de aprobación adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba de 11 de diciembre de 2012, ya que supone una modificación del Plan General que no puede llevarla a cabo un planeamiento de desarrollo como es el Plan Especial. Se solicita, asimismo, que se suspenda cautelarmente su ejecución, aunque exclusivamente en el ámbito en el que se ubicaban las industrias históricas.
RAFAEL GÓMEZ: “QUE IMPUGNEN”
El propietario de las naves de Colecor es el concejal de UCOR Rafael Gómez, que durante el Pleno en el que se aprobó definitivamente el Plan Especial de la Carretera de Palma del Río no pudo votar y se salió de la sesión. Gómez ha conocido la noticia por Cordópolis y su reacción a la decisión de la Junta de Andalucía ha sido la de encogerse de hombres y decir: “Que impugnen”.
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