La Junta anuncia la vuelta a la jornada de 35 horas tras el acuerdo entre Gobierno y sindicatos

Los 250.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía volverán a tener una jornada laboral de 35 horas semanales y podrán olvidarse las 2 horas y media no presenciales que formaban parte del acuerdo que se puso en marcha a principios de año en la región para que el Gobierno andaluz acatara la sentencia del Tribunal Constitucional (TC). Ahora es el Gobierno central el que, tras acordarlo con los sindicatos, impondrá una jornada laboral de 35 horas semanales a los empleados públicos.

Ha sido la consejera de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Andaluz, María Jesús Montero, la que, en un desayuno informativo organizado en Córdoba por Europa Press, ha valorado la decisión del Gobierno central, que va a poner fin a la jornada “transitoria” que incluía 30 minutos al día de tele trabajo para cumplir con la sentencia judicial. No obstante, la consejera ha recordado que el Gobierno ha supeditado el acuerdo al “cumplimiento de la estabilidad”, lo que daría pie a la Junta a retomar su “intención original”, que consistía en establecer una jornada laboral de 35 horas semanales.

La titular de Hacienda ha dicho sentirse “perpleja” por la actitud del Gobierno respecto a este asunto, aunque le ha dado la bienvenida y le ha agradecido que ahora considere lo que la Junta siempre defendió: que era compatible la instauración de esa jornada con el cumplimiento del objetivo de déficit y del objetivo de estabilidad. “La única explicación posible es que el Gobierno central pensó que esto no era un derecho y que no había que recuperar como tal aquello que se había quedado aparcado durante la crisis”, ha reflexionado Montero, quien ve en el recurso que interpuso el Gobierno una estrategia “para que Andalucía se viera perjudicada”.

En cualquier caso, ha optado por “aprovechar” el cambio de actitud del Gobierno y ha felicitado a los sindicatos por haber llegado a un acuerdo que va a beneficiar a los empleados públicos, pero que también tiene, a su juicio, “efectos directos en el consumo, en la creación de empleo y en la creación de riqueza”.

Rechazo a quienes plantean el modelo de financiación como “una pelea entre territorios”

Gran parte de su intervención este lunes en el desayuno informativo ha sido para abordar el modelo de financiación territorial. En este ámbito, la consejera ha rechazado la aplicación del principio de “ordinalidad” entre Comunidades Autónomas en el Modelo de Financiación Autonómica, y ha centrado este debate en las personas, frente a quienes lo plantean como “una pelea entre territorios”. A este respecto, ha lamentado que el presidente de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, no apoye la propuesta de reforma del sistema de financiación que se llevará al Pleno del Parlamento Andaluz, algo que ha justificado en que “el partido en Madrid así lo ha querido”, en defensa del principio de “ordinalidad”.

“Siempre es una decepción que, a punto de alcanzar un consenso unánime, una formación política se descuelgue”, ha manifestado la titular andaluza de Hacienda, quien ha reconocido que esperaba que del Parlamento andaluz saliera “una voz única” en esta materia, pero que también ha agradecido a Ciudadanos que esté “propiciando la estabilidad del Gobierno en Andalucía.

A su juicio, el de la financiación autonómica es “uno de los debates políticos de mayor importancia” de la actualidad, que afecta a las personas que contribuyen vía impuestos al estado, y que, por tanto, “tienen derecho a los mismos servicios” en toda la geografía. De este modo, ha asegurado que los ciudadanos no entienden “por qué se pagan en otras partes de España un volumen de impuestos distinto”, y lo justifica en que algunos quieren hacer del debate sobre la financiación una “pelea de territorios”.

“No se puede penalizar a quién contribuye con sus impuestos porque sus vecinos tienen menos renta y que, por tanto, parezca que es la tierra la que contribuye”, ha rechazado Montero, que ha calculado en 5.522 los millones de euros que ha perdido Andalucía con el actual modelo de financiación en los últimos años. Por ello, ha urgido al Gobierno de España a que ponga sobre la mesa una propuesta, dado que lleva “3 años de retraso” y está “haciendo delación de funciones cada día que se demora”.