La Junta advierte de una “privatización” en los registros civiles

Rafi Crespín, en una imagen de archivo.
Rafi Crespín asegura que la "marcha atrás" del Gobierno se debe a que no se había avanzado en el proceso de cesión de los registros a los registradores

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Rafi Crespín, denunció ayer a través de una nota de prensa la decisión emprendida por el Gobierno de la Nación en 2014, siendo ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, de ceder los registros civiles a los registradores de la propiedad y mercantiles, una "privatización encubierta" en la práctica, e "incompatible con la gratuidad". Ahora, el Gobierno ha aprobado una enmienda que sustituye parte de su texto.

"Con esta, ya van cinco enmiendas del actual ministro de Justicia a decisiones claves de su antecesor: la ley del aborto, la ley de tasas, la reforma de los partidos judiciales, y la reducción de aforados", aseguró Crespín.

"La decisión que se ha adoptado ahora supone dar marcha atrás en la polémica medida aprobada en 2014 a propuesta de Gallardón y publicada en BOE", asegura. "No obstante a lo anterior, la Disposición Adicional Vigésimoprimera de la misma norma aseguraba el carácter gratuito del Registro Civil, algo incompatible si traspasa la gestión del Registro Civil a los registradores de la propiedad", agrega la responsable del gobierno andaluz en Córdoba.

"El motivo de esta marcha atrás puede deberse a que se acercaba inexorablemente la fecha del 15 de julio en que los Registros debían pasar a los registradores, y no se había avanzado nada, al ser incompatible la prometida gratuidad con la cesión. Además, los jueces, secretarios judiciales, sindicatos y todas las asociaciones profesionales se habían manifestado en contra de la medida", sostiene.

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