El juez imputa a ocho activistas que ocupan el colegio Rey Heredia

El Ayuntamiento, personado en la causa, ha solicitado como medida cautelar el desalojo inmediato de la Acampada Dignidad

Ayer, ocho activistas de la Acampada Dignidad fueron citados a comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba a fin de recoger un auto judicial a

resultas de una denuncia municipal por un delito de usurpación en relación al uso que se está haciendo del antiguo grupo escolar Rey Heredia, según informa la propia asamblea a través de una nota de prensa. En el auto, se les cita para declarar como imputados el próximo 16 de enero. El Ayuntamiento de Córdoba ha solicitado además al Juzgado el desalojo inmediato del Colegio Rey Heredia como medida cautelar, informa el colectivo.

La Acampada Dignidad anuncia que presentará alegaciones contra estas medidas y en concreto contra la reclamación municipal de desalojo, entendiendo que no es necesaria ni proporcional. “Es evidente que el inmueble no solo no ha sufrido daño alguno, sino que por el contrario ha sido restaurado y recuperado del estado de abandono en que lo mantenía el Ayuntamiento”, argumentan. “De la propia documentación municipal adjuntada a la denuncia, se deduce que el Ayuntamiento carece de proyecto concreto de uso para el edificio, a corto o medio plazo, por lo que el desalojo sólo conduciría a devolver el inmueble a su estado previo de abandono y desuso”.

El colectivo insiste en que la decisión de desalojar el Centro Social Rey Heredia supondría “la interrupción de la iniciativa de Cocina Abierta, comedor social que visitan cerca de 100 personas diarias. Imposibilitaría igualmente las clase de apoyo de distintas materias para niños y adultos sin recursos, además de otras muchas iniciativas en marcha, como el punto de información y asesoramiento socio-laboral, la radio y un huerto comunitario, dejando además sin espacio para reunirse y desarrollar sus actividades a decenas de colectivos que de forma cotidiana usan el centro desde el 4 de octubre”.

En el comunicado, los activistas destacan que “reclamar una medida como esta solo puede entender desde la voluntad del alcalde José Antonio Nieto, de acabar con una iniciativa que, en solo dos meses, se ha consolidado , poniendo en cuestión su propia incapacidad para dar respuesta a las necesidades y demandas ciudadanas, evidenciando el abandono de lo bienes públicos y señalando los efectos de las políticas antisociales y criminales de los gobiernos del PP”.

Las alegaciones del Ayuntamiento ante el Juzgado, en base a documentación interna, en el sentido de que está trabajando en la cesión de dicho espacio a colectivos vecinales, “no suenan sino a justificación para el desalojo, y contrastan con la falta de interlocución real con colectivo vecinal alguno en este sentido y con la falta de propuestas concretas de uso conocidas, más allá de las improvisaciones y modificaciones sobre un PGOU, que la propia política de recortes impulsada por

su partido impide llevar a cabo“.

Ante esto, los activistas aseguran que “la Acampada Dignidad no se va a quedar en los juzgados, y prepara ya movilizaciones y acciones para evidenciar el apoyo popular a la liberación del Rey Heredia, y a las iniciativas en marcha, tenemos una larga lucha por delante que no ha hecho nada más que empezar”.