El jefe de la Policía de Puente Genil niega haber prostituido a una menor

El responsable de la seguridad del municipio reconoce que quedó con la chica pensando que era mayor de edad pero que al ver que no era la que no se parecía a la foto que le envió decidió no seguir con ella

El jefe de la Policía Local de Puente Genil, Lorenzo Humanes, ha negado durante el inicio del juicio en el que está procesado por un presunto delito de prostitución de menores todos los hechos. Junto a Humanes están procesados nueve acusados por presunta prostitución y corrupción de menores. El jefe de la Policía Local, que sigue en su puesto pese a esta acusación, ha sostenido que sí que quedó con la menor, que pensaba que era mayor de edad y que en ningún momento mantuvieron relaciones con la chica, tanto él como el grupo de amigos que acudió ese día a la Feria de Córdoba.

Durante estos días, Humanes y el resto de los acusados, se sientan en el banquillo de los acusados por unos hechos ocurridos desde diciembre de 2010, cuando varios de los procesados, según la acusación de la Fiscalía Provincial, mantuvieron relaciones sexuales de pago con una menor de 17 años de Córdoba. Cada uno de los procesados se enfrenta a una pena de dos años de cárcel.

Así, la Fiscalía, en su acusación, relata los encuentros. Con el jefe de la Policía Local de Puente Genil mantuvo dos contactos sexuales, siempre según el relato del Ministerio Fiscal, en el vehículo que este hombre conducía por la zona del Arenal en Córdoba capital. También hubo otro encuentro sexual en un hotel de la avenida de Cádiz en el que el procesado le pagó 70 euros “y sabía que ella era menor de edad porque se lo dijo”, según el escrito de calificación de la Fiscalía.

El jefe de la Policía Local ha negado estos hechos. Al contrario, ha dicho que sí que concertó una cita con la chica, que le dijo que tenía 20 años y que al comprobar que no se parecía en nada a la foto que esta le había enviado decidieron no quedar con ella.

Por otra parte, y según consta en la calificación, la menor también concertó una cita a través de la red social Tuenti con uno de los acusados, R. M. L. M. para conocerse. Esa noche, en el coche del acusado junto a un supermercado de la avenida de Cádiz, el acusado obligó a la menor a mantener relaciones sexuales “consistentes en la penetración vía vaginal” de la menor de 17 años, “sin que conste el empleo de la fuerza”, relata el fiscal.

A partir de abril de 2011, la menor decidió alojarse en el domicilio de la también acusada B. E. J., en el barrio de Ciudad Jardín. Entonces, la menor fue “presionada”, según la Fiscalía, para que ejerciese la prostitución tanto por esta chica como por otra, también acusada, M. B., ambas de nacionalidad extranjera. Esta segunda, a cambio de dinero, proporcionaba clientes de común acuerdo a la menor. La chica, además, comenzó a frecuentar un locutorio telefónico desde que el que se conectaba a internet para buscar clientes a través de chats. En los mismos usaba los nombres de cordobesa y gatita 17 años, según el relato del fiscal, que añade que los hombres eran perfectamente conocedores de la edad de la chica “no solo porque esta lo decía en la red social sino cuando se reunía personalmente con ellos”.

Al parecer, la joven acudía a estas citas a prostituirse “extorsionada por persona o personas desconocidas que le exigían el pago mensual de determinadas cantidades de dinero”.

El juez también juzgará a M. J. C. G. y a F. J. R. C. por haber mantenido relaciones con la menor a la vez. Los encuentros ocurrieron en un vehículo en el polígono industrial de la Torrecilla.

Con otro procesado, J. S. F., mantuvo relaciones en el vehículo que él conducía a las afueras de Córdoba a cambio de 50 euros. Según la Fiscalía, también sabía que era menor. Con M. J. M. L. también mantuvo relaciones sexuales en un piso a cambio de 80 euros, y también conocía la edad de la joven. Con J. Á. G. M. también habría mantenido relaciones sexuales en un coche en el Arenal a cambio de dinero y con A. K. en varias ocasiones también.

Según la Fiscalía, los hechos son constitutivos de diez delitos de prostitución y corrupción de menores. Cada uno de los procesados se enfrenta a una pena de dos años de cárcel, además de al pago de una multa de diez euros al día durante 15 meses.