IU denuncia la incompatibilidad de los arquitectos de Diputación
La coalición presentará una moción en el Pleno de la institución provincial para pedir una comisión de investigación y en la que también reclama la destitución de la delegada de Recursos Humanos por ocultar información sobre el caso
El grupo de Izquierda Unida en la Diputación Provincial va a pedir la creación de una comisión de investigación con presencia de todos los grupos políticos para depurar responsabilidades políticas sobre las supuestas irregularidades cometidas por técnicos del Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) al vulnerar la Ley de Incompatibilidades realizando trabajos desde el sector privado.
IU lo solicitará formalmente a través de una moción que presentará en el próximo Pleno de la institución provincial este jueves 18 de diciembre en la que pide “conocer en profundidad los posibles o presuntos casos de vulneración de la Ley de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas” para, de demostrarse el incumplimiento de dicha ley, “señalar y depurar responsabilidades políticas”, según consta en la citada moción.
Asimismo, el grupo de IU pretende que su iniciativa sirva para “propiciar los correspondientes expedientes disciplinarios y la aplicación de las correspondientes sanciones”, además de que sean los servicios jurídicos de la propia Diputación los que “informen de la necesidad o no de trasladar los posibles casos a los tribunales de justicia ordinaria”.
Junto a la comisión de investigación, IU solicitará también en el Pleno que la presidenta de la Diputación “destituya a la diputada delegada de Recursos Humanos -Pilar Gracia- de todas sus responsabilidades de gobierno, por haber ocultado información y haber faltado a la verdad en su comparecencia en el Pleno del pasado 16 de octubre” donde se trató el caso de la incompatibilidad de los arquitectos del SAU.
Cabe recordar que a través de varias preguntas presentadas por IU al respecto, la Diputación Provincial abrió un procedimiento interno de carácter reservado para dilucidar las supuestas irregularidades cometidas por técnicos del SAU que habrían realizado trabajos también en el sector privado. El portavoz de IU en Diputación, Francisco Martínez, ha denunciado que ese expediente informativo “se cerró según la delegada de Recursos Humanos al no haber indicios” de haberse producido esas irregularidades.
Pero ahora, IU explica que ha tenido acceso al informe del instructor de dicho expediente en el que se señala, en palabras de Francisco Martínez, que “se ha producido de forma bastante generalizada la vulneración de la Ley de Incompatibilidades” y, aunque “la mayoría de los casos ya están prescritos, hay una importante que aún no”, según Martínez, que cita “al menos cinco arquitectos” cuya falta no habría prescrito aún.
“No estamos hablando de uno o dos casos, estamos hablando de muchos casos, de cientos”, señala Martínez, quien además de apoyar que los servicios jurídicos de la Diputación decidan “si hay materia para ponerlo en manos de la justicia”, ha hecho hincapié en “las responsabilidades políticas de quienes no han hecho nada para evitarlo ni han tomado ningún tipo de medida para frenar” la comisión de esas supuestas irregularidades.
El portavoz de IU ha recordado que ya en los años 90 se abrieron varios expedientes disciplinarios porque “se podían estar dando esas incompatibilidades”, por lo que desde entonces hasta ahora ha criticado “cómo en todos estos años no ha habido ningún gobierno de la Diputación que haya puesto mecanismos para que esto no se repita”.
La moción que presentará este jueves el grupo de IU en el Pleno de Diputación también recoge como propuesta de acuerdo establecer con el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba un mecanismo de colaboración “distinto a los que hasta hoy se han venido manteniendo, para garantizar el cumplimiento de la Ley de Incompatibilidades”, un mecanismo de intercambio periódico de información que, en el caso de la Diputación, “sea valorada e informada por los servicios jurídicos y tomada en conocimiento por el Pleno” provincial.
Todo este caso comenzó a raíz de la demanda de un particular que acusaba a funcionarios de hacer proyectos en estudios privados para la institución. La Ley de Incompatibilidades impide que un funcionario de carrera pueda compatibilizar su trabajo y operar desde la iniciativa privada para la institución a la cual pertenece, salvo expresa autorización por parte del Pleno de la Corporación Provincial.
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