La Intervención cifra en 50 millones los cursos aún por justificar en Córdoba

A nivel andaluz, la cantidad investigada supera los 3.000 millones de euros, según consta en el sumario de la operación 'Barrado' que dirige la Guardia Civil

La Intervención General de la Junta de Andalucía ha cifrado en 50 millones de euros la cantidad de dinero para cursos de formación aún por justificar en la provincia de Córdoba. El informe forma parte del sumario de la operación 'Barrado', que desarrolló la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hace dos semanas y que supuso la detención de dos cordobeses, el exdelegado de Empleo Antonio Fernández y la exdirectora general de Formación para el Empleo María José Lara.

El grueso del importe en cursos de formación sin justificar corresponde a la convocatoria del año 2012, cuando todavía están pendientes de requerimiento un total de 21 millones de euros, según el cálculo realizado por la Intervención General de Fondos de la Junta de Andalucía a través del programa informático Júpiter. En 2013, último año en que se concedieron estas subvenciones, quedan por justificar 14,4 millones de euros. En 2011 el importe supera los diez millones de euros.

En el resto de las convocatorias, el importe a justificar es menor. En 2008, por ejemplo, todavía queda por justificar 1,3 millones de euros mientras que en 2010 la cantidad se aproxima al millón de euros. El informe de la Intervención General de Fondos se retrotrae hasta el año 2005, cuando todavía quedan por justificar 157.000 euros en la provincia de Córdoba.

La cantidad pendiente de justificar se refiere a los expedientes de concesión de subvenciones incompletos. Es decir, aquellos en los que el dinero entregado y posteriormente gastado no ha sido completamente justificado a través de las correspondientes facturas. A nivel regional, la cifra supera los 3.000 millones de euros, según el informe, al que ha tenido acceso este periódico. El grueso de este dinero, más de 2.000 millones, tiene que ver con los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Además, el interventor provincial en Córdoba, Luis Hinojosa, cifró en 21,27 millones de euros la cantidad que no había sido justificada entre 2005 y 2012 al estar fuera de plazo, según consta en un informe de la Guardia Civil realizado tras tomarle declaración como testigo en sede policial.