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Gobierno local y Consejo Social chocan por las ordenanzas fiscales

Imagen de una reunión del Gobierno local con el Consejo Social

Antonio Gutiérrez

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El órgano consultivo pide que se reduzca la presión fiscal a los cordobeses y centra sus críticas en el IBI y el recibo del agua. El Ayuntamiento dice que el informe “parte de premisas equivocadas y llega a conclusiones erróneas”

El informe que cada año elabora el Consejo Social de la ciudad sobre el proyecto de ordenanzas fiscales viene con polémica. El IBI urbano y recibo de Emacsa centran las críticas del órgano consultivo que reclama al Consistorio “que se profundice en el intento de reducir la presión fiscal que vienen padeciendo los ciudadanos y las empresas, sin rebajar la calidad de los servicios públicos prestados”.

La presión fiscal fue, precisamente el principal argumento de Nieto que, en la presentación de este proyecto, aseguró que “una de las promesas electorales que le hicimos a los vecinos era que íbamos a bajar la presión fiscal, y eso ya es un hecho objetivo”. Para el Consejo Social, sin embargo, el cambio de tasa a precio privado en el recibo de Emacsa es una mala noticia para los bolsillos de los vecinos y “genera una posición de indefensión a los intereses ciudadanos representados por esta institución”, aludiendo al desconocimiento generalizado del sistema.

Es por ello que el organismo se sitúa en contra de esta decisión y pide al gobierno local que “la descarte”. En caso de que la propuesta se apruebe “de modo imperativo”, el Consejo Social reclama que se ponga en marcha un mecanismo de aprobación y control de los precios privados y que se les dé voz en sus decisiones. Junto a esto, el órgano consultivo reclama mecanismos para evitar que se produzcan cortes del suministro por impagos.

El segundo punto de desencuentro con el proyecto de ordenanzas fiscales es el relativo al IBI urbano. El Consejo Social entiende que la bajada del 10% del impuesto se “neutraliza” con la subida por el mismo porcentaje en la revisión del valor catastral lo que “ocasiona un importante escollo en la economía de familias y empresas”. Por este motivo “se exhorta” al gobierno local a que se reduzca el IBI urbano.

El incremento del valor catastral no sólo se queda en el recibo, sino que, según el Consejo, repercute directamente sobre otro impuesto, la plusvalía, que aumentará para el conjunto de los ciudadanos. Junto a esto, los solares apenas ganarán valor y, sin embargo, tributarán más.

Para el Gobierno local, el Consejo se equivoca

El dictamen del Consejo Social no ha caído bien en el gobierno local que ayer, por boca del teniente de alcalde de Hacienda y Gestión, José María Bellido, indicó que contiene “graves errores” en lo que se refiere a los cálculos que realiza sobre el IBI Urbano, ya que según Bellido “no sube en ninguno de los supuestos sobre los que advierten. Parten de premisas equivocadas que les llevan a conclusiones erróneas”.

La reacción no solo se va a quedar en una mera declaración. Bellido, que lamentó la tardanza del dictamen “que ha llegado fuera de plazo”, señaló que en los próximos días técnicos del Área de Hacienda emitirán un informe para aclarar estos puntos y “evitar que ningún cordobés se vea equivocado por el grave error del Consejo”.

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