El Gobierno admite que no hay comprador para el suelo de la cárcel de Fátima

El Ejecutivo espera que la venta de las parcelas urbanas de la zona dependerán “de la recuperación del mercado inmobiliario”

“En cuanto a las previsiones de una posible enajenación del inmueble, ésta dependerá de la recuperación del mercado inmobiliario, ya que hasta la fecha no se ha interesado ninguna empresa o particular en la compra de los mismos”. Con esta respuesta, el Gobierno reconoce a una pregunta del diputado del PSOE Antonio Hurtado que después de seis años todavía no ha encontrado un comprador para los suelos urbanos que salieron con la desafección de los suelos que ocupaba la antigua prisión provincial en Fátima.

En noviembre de 2013, el Ministerio de Hacienda sacó a la venta los cuatro solares, en los que está prevista la construcción de un total de 190 viviendas (el 70% libres y el 30% restante de VPO). En total, el departamento dirigido por el ministro Cristóbal Montoro espera conseguir unos ocho millones de euros por la venta de estas cuatro parcelas, que están sin urbanizar. Sin embargo, y desde entonces, no ha recibido ni una oferta por los solares.

Este suelo se desarrolló en el año 2008, justo cuando estalló la crisis del ladrillo. Sin embargo, su historia es muy anterior. En 2000, el Gobierno cerró tras décadas la prisión provincial de Fátima. Con su clausura, se liberaba una enorme cantidad de suelo para la ciudad. En 2002, el Gobierno y el Ayuntamiento firmaron un convenio para desarrollar esta enorme bolsa de suelo, a imagen y semejanza de los convenios que se habían firmado con decenas de ayuntamientos en el resto de España tras el cierre de otras prisiones y también de distintas instalaciones militares.

La operación no fue, ni mucho menos, especulativa. De los 25.000 metros cuadrados que ocupaba la antigua cárcel de Fátima, 20.000 metros cuadrados serían para la ciudad. El resto, 5.000 metros, lo ocuparían viviendas. Son estos suelos para los que el Gobierno no encuentra comprador. En concreto, el Ejecutivo ha puesto a la venta un total de 3.910 metros cuadrados, que conforman cuatro parcelas distintas. El importe total, ocho millones de euros.

En su respuesta, el Gobierno reconoce que los suelos no están urbanizados, algo que tendría que hacer el futuro comprador. Además, da por cumplido el acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba, que firmó en la década pasada.