'Caso Saqueo'

La Fiscalía se ratifica en las condenas por el 'Caso Saqueo' durante sus conclusiones

El juicio por el caso saqueo del Córdoba CF será, al parecer, un procedimiento muy parecido al de la historia interminable. Y es que no se atisba aún un final inmediato a la vista pública, que estaba prevista que tuviera 9 sesiones, aunque finalmente parece que se alargará hasta las 14. Este lunes se ha celebrado una jornada más tranquila, pero altamente densa, en la que se han ido manifestando las conclusiones finales de cada parte. En este sentido, el alegato más extenso ha llegado por parte de la acusación principal, que no es otra que la del Ministerio Fiscal.

El mismo ha mantenido su postura en la petición de condena para Jesús León. Hay que recordar que, tras la reducción de un año en la solicitud que se llevó a cabo este lunes, la misma ha quedado desglosada en seis años y medio de cárcel por los delitos continuados de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental, junto con una multa de 18 meses con cuota diaria de 200 euros (aproximadamente 108.000 euros). Asimismo, por el delito de blanqueo de capitales, la Fiscalía pide para el expresidente dos años de prisión y una multa de 198.270 euros.

Y es que, el fiscal ha hecho hincapié, durante sus conclusiones, que “no se puede confundir la sociedad con la persona que la administra”, rebatiendo el argumento de la defensa en lo que respecta al proceso de caja única, donde se movía el dinero indistintamente entre las sociedades de León. Asimismo, ha recordado que, tal y como han puntualizado diversos testigos que formaron parte de su consejo, “todas las decisiones que se tomaban en el club en materia económica se hacían” por parte del montoreño, y “ya no solo sin consultar al resto de consejeros, sino ocultando información”. En este sentido, ha matizado que es cierto que “tenía las facultades otorgadas” para ello, aunque eso evidencia “una gestión poco trasparente”.  

Respecto al conocido contrato de apoyo a la gestión que firmó como presidente del club con una empresa de su propiedad, la acusación ha expuesto que, básicamente, consistía en que “Jesús león, como presidente del Córdoba CF, contrata a Jesús león como administrador de Grucal, para que Jesús León apoye en la gestión de Jesús León”. Por tanto, “se contrata a sí mismo”, ha insistido, alegato al que también han aludido las acusaciones particulares del Córdoba CF y de Minoritarios CCF.

De este modo, ha indicado que “el club ya tenía personal contratado para desarrollar las acciones que se demandan” en ese contrato de apoyo a la gestión, el cual entiende que se fija de una manera “desmesurada”, además de reiterar que se produce un “perjuicio al patrimonio del club”.

Respecto a otro de los acusados, Francisco López Valero, quien se enfrenta ahora a una petición de cinco años de prisión y una multa de seis meses con cuota diaria de 100 euros, el fiscal ha reconocido que durante todo el proceso ha tenido dudas en referencia a su participación dentro de los delitos mencionados, aunque ha concluido que es un “cooperador necesario” y que no tuvo una “participación accidental en el saqueo del club”, remarcando que “se nos ha querido dibujar al señor López Valero como un mero administrativo sin competencia alguna y al servicio del señor León”, pero “fue director financiero del Córdoba CF y director financiero y de administración de Grucal”, además de “consejero” de la entidad blanquiverde.

Por tanto, “actúa con conocimiento de los hechos que se están cometiendo por parte del presidente” y “realiza actos decisivos”, como la “firma del contrato de apoyo a la gestión o la emisión de facturas falsas, entendemos, con la idea de contribuir al propósito de los actos del señor León”. Eso sí, ha puntualizado que “no existe la más mínima prueba de que haya enriquecimiento” por su parte.

En lo referente a Ildefonso León, para quien se pide cuatro años y medio de prisión y una multa de 12 meses con cuota diaria de 200 euros, ha detallado la existencia de transferencias bancarias del club hacia dos sociedades de este, sobre las cuales se emiten unas factures que son “obviamente falsas, por unos servicios que no se han prestado”. Según la defensa, esa salida de dinero se revierte a beneficio del club a través de efectivo, un argumento que admitió el exjugador blanquiverde Aythami Artiles, pero que, en palabras del fiscal, se “contradice” con el testimonio de Luis Oliver, Teodoro Brea o del director de protocolo, quienes “dijeron que no hubo sobresueldos ni pagos en metálico”, por lo que “el tribunal deberá decidir entre unos testimonios u otros. Alguno está faltando a la verdad”. Eso sí, para él, “no es suficiente” la declaración del central canario, al no quedar demostrada la existencia de ese dinero en B.

Por su parte, la acusación del Córdoba CF ha puntualizado que “la falsedad documental ocurre simplemente en la existencia de facturas falsas, independientemente de a qué se haya dedicado el dinero”, además de explicar que “el dinero sale del club hacia ciertas sociedades, pero nadie ha dicho que haya vuelto al club, solo los acusados”, los cuales “defienden que se hizo en un circuito en efectivo”, pero “no se ha corroborado que ese dinero se haya dado de esa manera, solo con el testimonio de un futbolista, de un dinero que no se ha contabilizado, ni rastreado”.

La defensa de Isabel Madueño pide su absolución

Entre los acusados, tan solo ha declarado este martes la letrada de Isabel Madueño, quien ha pedido “una sentencia absolutoria por el delito de blanqueo de capitales”, que es por el que se le acusa y a través del que se piden dos años de prisión y una multa de 198.270 euros. Para su defensa, durante la investigación ha habido “vulneración del derecho de privacidad por diversos mensajes telefónicos con su marido”, además de recalcar que “no existe ni una sola prueba de cargo que permita dictar una sentencia condenatoria” contra ella, además de recordar su estado de “dependencia” hacia su esposo.

A tal efecto se ha referido igualmente la acusación del conjunto cordobesista, para quien resulta “curioso que la señora Madueño no conociera nada de esas situaciones”, dado que “adquiere dos sociedades del señor Leon y está dada de alta por prestación de servicios”. Por lo tanto, “no podía desconocer el alcance de dichos actos”.