Dos exalcaldes del PSOE en Baena demandan al exsocialista Luis Moreno por ofensas al honor
Los exalcaldes del PSOE en Baena Jesús Rojano y María Jesús Serrano, actuales portavoz socialista en el Consistorio baenense y senadora del PSOE por Córdoba, respectivamente, han demandado al que también fuera alcalde de Baena y senador, el exsocialista Luis Moreno, por llevar a cabo desde 2011 contra ellos una “campaña de desprestigio y atentado a la honorabilidad”.
Ello lo habría hecho Moreno, según se recoge en las demandas presentadas por Rojano y Serrano a las que ha accedido Europa Press, mediante declaraciones públicas y en diversos artículos, realizando contra ambos exalcaldes “imputaciones falsas y expresiones ofensivas, no amparadas por la libertad de expresión”, llegando, en el caso de Rojano, a acusarle de “enriquecimiento ilícito, injusto o acto de lucro o beneficio personal, así como de prevaricación y otros delitos penales”.
Mediante dichas demandas, presentadas ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena y que, según ha avanzado El Día de Córdoba, ya han sido admitidas a trámite, Rojano y Serrano solicitan un acto de conciliación previo a la presentación de una querella, para que Moreno reconozca que su “animadversión” hacia ambos comenzó a partir de las elecciones municipales de 2011, en las que el PSOE perdió la mayoría absoluta y ello, por exigencia de IU, llevó a Luis Moreno, hasta entonces alcalde socialista, a retirarse de la política, para que así siguiera gobernando el PSOE.
Desde ese momento, según los demandantes, Moreno, quien dejó el PSOE y fundó un partido que tras las municipales de este año ha facilitado la formación de un gobierno municipal de PP y Cs, quitando así la Alcaldía al PSOE, emprendió a partir de 2011 “una campaña de acoso y derribo en la opinión pública para socavar el prestigio y el honor” de Rojano y Serrano, “con acusaciones personales”, mediante la publicación de “artículos de opinión en medios de información, con amplia difusión y repercusión social”.
Así, a Rojano le llegó a acusar de “prevaricación por condonación de deuda” a un medio de comunicación local, “a sabiendas de la existencia de una sentencia” previa que desmontaba tal acusación; también “de prevaricación en la firma del convenio” entre el Ayuntamiento y una empresa oleícola, “cuando es una cuestión que ya se había demostrado hasta judicialmente su falsedad” y ello era “conocido” Moreno.
También acusó Moreno a Rojano de “elaborar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ilegal, cuando existe informe del secretario general de la Corporación y de la interventora, habilitados estatales, que respaldan y validan la legalidad y defienden el procedimiento seguido por parte del Ayuntamiento para la aprobación de dicha RPT”, siendo también esta una “información conocida” por Moreno, que igualmente ha acusado a Rojano de “un incremento patrimonial desmedido”.
También pretenden los demandantes que Moreno reconozca que, “dentro de esta estrategia de desgaste”, ha venido preparando “dossieres informativos que envía a todos los medios de comunicación y diarios de tirada regional y provincial”, que algunos medios no han querido publicar tras comprobar “la intencionalidad y falsedad de la información recibida”, lo que habría hecho Moreno “con el único objeto de dañar la imagen pública” de Rojano y Serrano.
Dichas publicaciones, según señalan los demandantes, “han coincidido temporalmente con la presentación de denuncias anónimas en Fiscalía para que se investiguen de oficio y tratar de conseguir alguna noticia judicial que pueda sembrar la duda sobre la honestidad y honradez” de Rojano en su gestión como alcalde, pues, entre 2014 y 2018 “se han recibido más de cuatro denuncias anónimas en la Fiscalía”, pero han sido “archivadas en todos los casos sin detectar ni un solo indicio de posible delito”.
Además, “a sabiendas de no haber prosperado ningún procedimiento penal”, Moreno, según los demandantes, ha mantenido una “campaña de descrédito” contra éstos, mediante artículos de opinión, “a través de la redacción de unas memorias de su gestión, en los que va incrementando progresivamente las acusaciones” contra Rojano, “conforme se van acercando las elecciones municipales de 2019”, llegando, tres días antes de dichos comicios, a difundir “un video en el que mancilla el honor, el buen nombre y la honradez” del entonces alcalde.
Por todo ello y además de exigirle que reconozca todo ello en el acto de conciliación, los demandantes consideran que Moreno debe “retractarse de tales declaraciones, al ser las mismas una intromisión ilegítima en su derecho al honor”, debiendo “publicar su retracto en todos los medios de difusión en las que han sido vertidas”.
También reclaman los demandantes a Moreno una indemnización de 6.000 euros cada uno, cantidad ésta “que deberá ser ingresada en la cuenta de la entidad o asociación sin ánimo de lucro” designen Rojano y Serrano, “al objeto de acreditar que con la presente demanda no se pretende un ánimo lucrativo, sino la reposición del buen nombre y honorabilidad” de los demandantes.
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