Piden a la Junta que suspenda el desahucio de una mujer de 64 años víctima de violencia de género y con enfermedad cardíaca

La plataforma 15M Stop Desahucios de Córdoba ha solicitado a la Junta de Andalucía la paralización del desahucio previsto para el próximo viernes 19 de junio de Maika Aragón, una mujer de 64 años víctima de violencia de género y con insuficiencia cardíaca, que reside junto a su hijo en una vivienda gestionada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Según la organización, durante los últimos días ha mantenido contactos con la Delegación Territorial de Vivienda y con la dirección provincial de AVRA para intentar alcanzar un acuerdo que permita a la familia permanecer en la vivienda mediante un alquiler adaptado a su situación económica, sin que hasta el momento se haya producido un avance en las negociaciones.

La afectada explica que abandonó en 2010 el domicilio familiar para alejarse de su agresor y rehacer su vida tras sufrir violencia de género. Durante varios años permaneció acogida en casa de una amiga hasta que, en 2013, obtuvo una vivienda de alquiler gestionada por AVRA que, según relata, llevaba años desocupada y presentaba numerosos desperfectos que fueron reparados por la propia familia.

La situación económica de Maika se complicó posteriormente tras el cierre de la empresa en la que trabajaba, circunstancia que le impidió afrontar con regularidad el pago del alquiler. Desde entonces, la plataforma antidesahucios asegura haber intentado negociar un nuevo acuerdo económico con la administración autonómica.

15M Stop Desahucios sostiene que tanto Maika como su hijo reciben tratamiento psiquiátrico y denuncia que el lanzamiento podría dejar a ambos sin alternativa habitacional. La organización considera que la administración autonómica dispone de mecanismos para suspender el procedimiento y abrir una vía de negociación.

Ante esta situación, la plataforma ha convocado una concentración el viernes 19 de junio a las 10:30 en la calle Isla Alegranza número 6 de Córdoba con el objetivo de impedir el desalojo y reclamar una solución para la familia.

La entidad asegura que continuará recurriendo a la movilización ciudadana y a la acción directa no violenta para evitar que personas en situación de vulnerabilidad queden sin vivienda.