A la espera de Asuntos Sociales bajo la lluvia

Las dos parejas que reclaman sendas viviendas desde hace dos semanas consiguen que la Junta reconozca que se equivocó y exigen una solución al Ayuntamiento

La noche del jueves hubo una reunión improvisada en el Ayuntamiento. No fue en ninguno de los despachos o los salones del Consistorio, sino en sus soportales. En medio del frío y de la humedad. Allí viven desde hace 16 días dos parejas sin recursos y en paro que reclaman sendas viviendas. Y hasta allí se acercaron María de los Santos Córdoba, delegada de Vivienda, Francisco Altamirano, gerente provincial de EPSA (Empresa Pública de Suelo de Andalucía) y Pedro García, responsable de la Vicepresidencia de la Junta en Córdoba. Así lo recordaban esta mañana Rocío Flores y Rafael Reyes, quienes llevan desde hace cuatro reclamando una vivienda a la Junta, como Rebeca Gómez y Manuel Balancer. A ellos dos, la Junta ya les ha anunciado que el 8 de febrero “la comisión técnica de adjudicación de vivienda pública ha propuesto a Vimcorsa la adjudicación de una vivienda en régimen de alquiler en la barriada de las Moreras.

Los cuatro jóvenes acampados llevan cuatro años reclamando dos viviendas dignas. Y en los últimos meses, cuando su situación ha empeorado, los cuatro entraron en un círculo sin fin que le llevaba de la Junta a Vimcorsa y al Ayuntamiento. Y de vuelta a la Junta. Solo la presión conjunta, acampando en la calle Capitulares ha logrado cortar ese ciclo. “No llegamos a hacerlo y estaríamos todavía igual”, decía esta mañana Rebeca. Ella y su pareja Manuel, de 24 y 27 años y con un niño de 15 meses viven en casa de un familiar con un fuerte desequilibrio psíquico que hace insostenible la convivencia. Ya tienen asegurada una residencia pero no se piensan marchar hasta que Rocío y Rafael tengan su casa. “Vinimos aquí a por dos llaves y no nos iremos hasta que las tengamos”, insiste.

Rocío y Rafael viven con sus hijos de dos años y medio y otro de tres meses en una casa afectada, según cuentan, por terribles problemas de humedad. El piso les cuesta un alquiler de 350 euros. La familia sobrevive con los 426 euros de paro que cobra mensualmente Rafael y la venta por la calle de ropa, ajos “o lo que pillo”, cuenta Rocío. La mujer dice que no pueden afrontar esa renta mensual y que necesita una casa donde no haya problemas de frío o humedad pues sus dos hijos están afectados de serias infecciones de las vías respiratorias. “Mañana vuelven a ingresar a mi hija en el hospital”, decía Rocío.

En el encuentro del jueves con los representantes de la Junta, les entregaron un documento con fecha de salida de ese mismo día en el que la administración autonómica reconocía su error. Si bien en un principio habían negado que la pareja hubiese formalizado nunca una petición de vivienda, el informe señala que “una vez comprobado que efectivamente presentó ”dicha solicitud “en marzo de 2011, comunicamos que a instancias de esta empresa pública [EPSA] y tras la comparecencia en estas dependencias de Rafael Reyes el 25 de febrero se mantuvo contacto telefónico con la trabajadora social del Centro de salud de Huerta de la Reina (...) quien manifestó que tenía pendiente la emisión de informe sobre esta familia, que finalmente tuvo entrada en esta gerencia el 27 de febrero”.

A partir de ahora, la Junta delega en el Ayuntamiento toda responsabilidad. “la única información que se dispone es del centro de salud estando a la espera de que por parte de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento emitan informes sobre la necesidad urgente de vivienda de la referida familia para que en su caso pueda ser valorado en futuras comisiones de adjudicación de vivienda pública”, termina el documento. “De la misma forma que han venido de la Junta, queremos que nos atienda el Ayuntamiento. Todo depende de ellos”, exigía Rocío, quien espera estar viviendo los últimos días en Capitulares para poder reunirse de nuevo con sus hijos.