Entra en vigor el nuevo Impuesto de Sucesiones

Este lunes, 1 de enero, ha entrado en vigor la Ley de Presupuesto de la comunidad autónoma para 2018, con una dotación de 34.759,5 millones de euros y un crecimiento del 3,9% en las políticas de gasto, cuyas cuentas destacan “por su carácter social, trasladando el crecimiento de la actividad económica a las familias, mediante la revitalización de los servicios públicos, la recuperación y ampliación de derechos y la creación de empleo”.

Así, el Presupuesto ha dedicado ocho de cada diez euros a gasto social, con crecimientos significativos en las políticas de salud, educación y dependencia. Además, se consagran nuevos derechos para los andaluces como la Renta Mínima de Inserción Social, dotada con 198 millones de euros, o la bonificación de las matrículas universitarias, tanto de grado como de máster, según ha informado la Junta en un comunicado.

También ha entrado en vigor una nueva reforma del Impuesto de Sucesiones dirigida a las clases medias que corrige el error de salto y sitúa el mínimo exento en un millón de euros, mejora la tributación de las personas con discapacidad y amplía la reducción autonómica para la constitución o ampliación de empresas en donaciones a parientes directos.

El gasto no financiero, es decir, el que se destina a financiar las políticas públicas registra un aumento efectivo de 1.151 millones de euros, un 3,9% más, hasta situarse en 30.628,9 millones de euros. El gasto social absorbe el 83% del Presupuesto y crece un 4,8%, por encima del conjunto de las políticas. Así, subraya la nota, se mantiene la tendencia de la comunidad autónoma durante los últimos cuatro años en los que se ha registrado un incremento acumulado del 20% en sanidad (1.587 millones de euros más), del 13% en educación (861 millones más) y del 23% en servicios sociales y dependencia (400 millones más).

De forma concreta, sanidad va a contar con una dotación de 9.809 millones de euros, dispondrá de 505 millones más en 2018 y un incremento del 5,4%, para profundizar en la universalidad y la equidad del sistema sanitario público. Por su parte, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) alcanzará el presupuesto más elevado de su historia con un total de 9.013 millones de euros.

En cuanto a educación, contará con 7.527 millones de euros, un 3,8 por ciento más, de los que 6.329 millones se destinan a la enseñanza no universitaria que, en dos años superará los 100.000 docentes, tras un incremento de las plantillas de los centros del 5,6% en dos años. Asimismo, crece un 5% la partida para formación, un 6,1% el programa de innovación y evaluación educativa, un 4,8% educación compensatoria y más de un 6% educación especial.

El empleo y el crecimiento económico se mantienen como las grandes prioridades de la comunidad autónoma y en 2018 se dedican 2.183 millones de euros, 69 millones más que en el ejercicio anterior, a partidas dirigidas a dinamizar la economía y fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo. Para la mejora de la cualificación de la población a través de la Formación Profesional (FP) para el empleo, se consignan 239 millones de euros y se destinan otros 766 millones para empleabilidad e intermediación, que incluye un programa de empleo industrial (308 millones de euros), del que se podrán beneficiar en torno a 35.000 andaluces. El sector agrario y pesquero recibe una dotación que supera los 730 millones de euros, cuya Consejería crece un 4,9 por ciento.

EMPLEO PÚBLICO, “GARANTÍA DE LOS SERVICIOS”

El empleo público, “garantía para la prestación de unos servicios públicos de calidad”, constituye otro de los focos de atención del Presupuesto andaluz para el presente ejercicio. En 2018, según subraya el comunicado, “ningún empleado público a tiempo completo de la Junta de Andalucía cobrará por debajo de mil euros al mes y se mantendrá el calendario de recuperación de derechos, con el abono del último tramo de la paga extra de 2012 así como del 5% de los complementos variables”. Asimismo, está consignada una subida salarial del 1,5%, pendiente de la aprobación por los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Del mismo modo, las cuentas de 2018 prevén la creación de puestos de trabajo en el sector público llevando al máximo la tasa de reposición que fija la legislación estatal, con una oferta de empleo público de 7.700 plazas, de las que 2.100 serán para la administración general, 3.400 en sanidad y 2.200 de educación.