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La educación concertada protesta con una caravana de vehículos contra la'Ley Celaá'

Caravana de protesta de la educación concertada | JUAN HUERTAS

Carmen Reina

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La educación concertada ha salido a la calle este domingo en Córdoba -como en otras 30 ciudades del país- con una caravana de vehículos y el color naranja como insignia para protestar contra la nueva ley educativa, conocida como Ley Celaá.

La plataforma formada por organizaciones como Escuelas Católicas Andalucía, CECE Andalucía, FISIE Andalucía, FEUSO, Concapa Andalucía y Fapyme, respaldados por los centros concertados de Córdoba, ha organizado esta protesta que ha partido desde el polígono de La Torrecilla y ha marchado por la avenida de Cádiz, el Puente de San Rafael, Vallellano, el Paseo de la Victoria y ha rodeado los jardines de Los Patos para volver en sentido contrario hacia el punto de partida.

El rechazo a la LOMLOE, la reforma de la ley educativa, ha protagonizado la protesta, bajo el lema Por el derecho a elegir la educación que queremos, con el que los convocantes habían llamado a la movilización con vehículos, para guardar las normas de seguridad frente al Covid-19. “Más de 47 millones de españoles perderán libertad ¡No te resignes!”, habían proclamado los promotores de la marcha, a la que se han sumado cargos políticos del PP y Ciudadanos, como el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

En Twitter, Bellido abogaba por “defender la libertad de elección de los padres, la educación concertada, la educación especial , al español como lengua principal en los colegios. Hay mucho en juego”.

https://twitter.com/jmbellidoroche/status/1330454876749500419

Más movilizaciones

La movilización de este domingo se suma a las celebradas este mes de noviembre en los centros escolares y se enmarca en el calendario de acciones previstas de la campaña Más Plurales, Más Libres, Más Iguales que ha puesto en marcha para intentar paralizar la nueva ley de Educación, una ley que, a su juicio, ha sido tramitada “sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil”.

“Estamos ante un Proyecto de Ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, elemento sin duda clave en una sociedad democrática”, critica la plataforma.

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