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Los desahucios suman y siguen: una docena de lanzamientos cada semana en Córdoba

Imagen de archivo de una concentración de Stop Desahucios | ÁLVARO CARMONA

Carmen Reina

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El goteo de desahucios no cesan, más de una década después de iniciada la crisis y vislumbrando una nueva desaceleración económica, los lanzamientos de personas de sus viviendas se mantienen también en 2019. En el primer semestre de este año, en la provincia de Córdoba se han producido una docena de desahucios.

Así lo ponen de manifiesto los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que publica la serie de estadísticas de desahucios de los últimos años y del primer semestres de 2019. En la provincia de Córdoba, entre enero y junio se han registrado un total de 296 lanzamientos.

Ahora, los desahucios se producen más por impago del alquiler que por no pagar la cuota de la hipoteca. De esos 296 lanzamientos del primer semestre, 172 fueron por no abonar el pago del alquiler, mientras que 124 fueron ejecuciones hipotecarias.

Con estas cifras de desahucio, los números a final de año se mantendrían similares a los desahucios contabilizados en 2018 en la provincia de Córdoba, cuando se registraron un total de 598. Cifra similar también a la producida en el año anterior -2017-, cuando se contabilizaron 591 lanzamientos.

En los peores años de la crisis, las cifras eran aún mayores y ese volumen se ha mantenido al alza hasta hace tres ejercicios: antes, hubo un total de lanzamientos de 814 en 2014, 858 en 2015 o 789 en 2016.

Con estas estadísticas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha alertado sobre que los lanzamientos de personas de sus casas no paran y de que cada vez se producen más desahucios por impagos del alquiler. En el conjunto de Andalucía, suponen el 60% de los casos actualmente, en Córdoba ese porcentaje es del 56%.

Por ello, pide acciones en materia de políticas públicas de vivienda, de manera que se pueda controlar los precios del alquiler. “Se sigue demostrando como imprescindible el incremento significativo del parque público de viviendas en alquiler social, con los que hacer frente a la demanda de las familias más necesitadas, así como un modelo fiscal más beligerante contra la vivienda especulativa y sus precios desorbitados”, han pedido.

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