La defensa del exgerente de Bomberos acepta que se “llevó dinero” aunque “no influyó en la prestación del servicio”

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha iniciado este lunes el juicio al exgerente del Consorcio de Bomberos de la Diputación Provincial, Antonio Navarrete, y al exjefe de Administración y Contabilidad de dicho ente, Manuel Muñoz, acusados de presuntos delitos continuados de malversación de fondos públicos y falsedad en documento oficial por los que la Fiscalía ha solicitado ocho años de prisión para el primero y seis años, para el segundo.

Durante esta primera sesión se han elegido a los nueve miembros del jurado que se encargarán de motivar la inocencia o culpabilidad de los acusados y se ha dado lectura a los escritos de la Fiscalía, la acusación particular y las defensas. En el turno de intervención de la abogada de Navarrete, la letrada ha señalado que su defendido “admite que se ha llevado dinero ya que hay pruebas contundentes y él quiere ser honesto”. Además, ha apostillado que durante el juicio -que se alargará hasta el sábado- demostrará que el exgerente socialista no puede ser enjuiciado bajo el tipo penal de malversación de caudales públicos ya que la apropiación de fondos “no influyó ni alteró el funcionamiento de los servicios” que presentaba el Consorcio. “No nos consta que la actividad se viera impedida, o que los bomberos no cobraban o que no hubiera dinero para gasolina”, ha ejemplificado la defensa.

En la lectura de los escritos de acusación, tanto la fiscal como el abogado de la Diputación se han adherido al del Ministerio Público, que apunta que Navarrete habría malversado más de 600.000 euros -610.279,47 euros- desde 2001 a 2012, período en el que fue gerente del Consorcio.

Según el relato de la Fiscalía, el “modus operandi” de Navarrete se basó en “el anticipo de nóminas que luego no se retrajo, el pago de horas extras -no contempladas en su cargo- y el duplicado de facturas”. Con respecto a Manuel Muñoz, señala que “fue propuesto por Navarrete en mayo de 2004” y “tenía el deber de controlar la contabilidad del Consorcio y no haber hecho la vista gorda  durante ocho años”. “Tenía la posición de garante como la tiene un profesor que vigila a sus alumnos”, ha dicho este lunes en sala.

De lo que sí han discrepado acusación particular y Fiscalía ha sido sobre el momento en el que surge esta causa. Mientras que la fiscal ha argumentado que fue tras “una auditoría de la contabilidad del Consorcio que puso en evidencia una salida de dinero no justificada”, el abogado de la entidad provincial ha dicho que “todo aparece cuando la Seguridad Social notifica que se debían ocho millones de euros por impagos”. “Esto coincide con un cambio político [en la Diputación] y se encarga a Intervención la realización de una auditoría”, ha puntualizado. El abogado también ha manifestado que lo que le interesa al Consorcio es “recibir el dinero que Navarrete se ha llevado, aunque que se pueda conseguir o no es otro tema” y ha mantenido la acusación de cooperador necesario a Manuel Muñoz.

De este procedimiento, el Tribunal de Cuentas (TC) dictó sentencia el 2 de diciembre de 2016 condenando a Navarrete al pago de 479.857,20 euros tras las irregularidades detectadas. En este sentido, su defensa ha pedido que se valore como atenuante el pago mensual que Navarrete está haciendo al Estado, que está retrayendo una cantidad de su nómina para abonar el montante señalado por el TC.

Por su parte, la defensa de Manuel Muñoz pide su libre absolución y ha tomado como referencia la sentencia del TC, que lo absolvió en 2016 y no le impuso ninguna responsabilidad civil. Sobre si su defendido podía o debía haber controlado las transferencias que Navarrete se habría hecho a su cuenta bancaria personal, su letrado ha manifestado que “de las 17 funciones que tiene su cargo, una de ellas es controlar la contabilidad del servicio de administración pero no la total o parcial del Consorcio”.

Además, ha asegurado que su defendido no tenía las claves para poder acceder a dicha contabilidad. Ha adelantado, por último, que los peritos que testificarán en las próximas sesiones certificarán que “todo escapó a todo tipo de control ya que los procedimientos eran personalísimos del señor Navarrete”.