Clece denuncia al Ayuntamiento por obligarla a seguir prestando la ayuda a domicilio

Una mujer mayor y su cuidadora | PIXABAY

Clece, la multinacional que realiza actualmente el servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Córdoba y que quería dejar de hacerlo al vencimiento de su contrato en julio pasado, ha denunciado al consistorio por obligarle a seguir prestando el servicio hasta que se adjudique el contrato a una nueva empresa, según consta en los asuntos tratados por la Junta de Gobierno Local este viernes.

La compañía, filial de la firma de Florentino Pérez, ACS, había anunciado su renuncia en junio a seguir prestando el servicio, tras lo que consideraba eran ataques por parte del equipo de gobierno municipal a su gestión al actuar este después de múltiples protestas de las trabajadoras del servicio por las condiciones laborales con las que operaba la empresa. Sin embargo, ha tenido que seguir al frente de este servicio.

El Ayuntamiento declaró el 14 de julio pasado de “interés público” la ayuda a domicilio, para que Clece no pudiera suspender su prestación a finales de ese mes, cuando acababa el contrato, y se mantuviera al frente del servicio hasta que culminara el proceso de adjudicación del mismo a una nueva firma. Así, el consistorio evitaba que se dejara sin empleo durante ese tiempo a más de 800 trabajadoras y sin servicio a más de 2.000 usuarios.

Tras la aprobación de esa declaración de “servicio público” de la ayuda a domicilio, Clece interpuso una demanda en los juzgados contra el Ayuntamiento por obligarle a seguir con el servicio. Ahora, la Asesoría Jurídica del consistorio propone que éste se persone en el procedimiento abierto tras la denuncia de Clece por la obligación de continuar con el contrato.

En su momento, el Ayuntamiento aprobó un nuevo pliego para buscar otra empresa que se encargue de este servicio, con cláusulas específicas para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. Mientras se adjudica el nuevo contrato, Clece estaba obligada a seguir manteniendo el servicio de ayuda a domicilio, una prórroga que fija un plazo máximo de prestación de esta atención hasta el 30 de junio del 2018.

Actualmente, el nuevo contrato de ayuda a domicilio municipal, por un valor de 14,9 millones de euros, está a la espera de adjudicarse. Un total de siete empresas se han presentado a esta oferta, que pasa por que las 800 trabajadoras que actualmente prestan el servicio con Clece se subroguen a la nueva adjudicataria de la ayuda a domicilio municipal.

Reunión de la comisión para la remunicipalización del servicio

Por otra parte, la comisión creada por el Ayuntamiento para estudiar la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio y que deje de ser prestado por una empresa externa mantuvo este viernes una nueva reunión en la que se presentaron sendos informes se Servicios Sociales y de Gestión, al respecto. Sin embargo, aún no están concluidos los informes de las áreas de Recursos Humanos y de Hacienda, por lo que la comisión instó a estas a que, a la mayor brevedad posible, los terminen, según informaron fuentes municipales.

De esos informes dependerá la decisión que tome el equipo de gobierno sobre el modelo de gestión del servicio de ayuda a domicilio que puede llevar a cabo el Ayuntamiento, por lo que el grupo municipal de Ganemos Córdoba ha pedido “celeridad” en la presentación de los informes que faltan para que la comisión eleve su dictamen lo antes posible. Ganemos señala que de esta dictamen están pendientes las 800 trabajadoras que actualmente prestan el servicio con Clece y que, de ser remunicipalizado el servicio, podrían pasar a trabajar directamente para el Ayuntamiento.

“Nos parece indignante que, a día de hoy, en la comisión no estén todos los informes. Según el acuerdo de Pleno la comisión debería durar seis meses y en estos seis meses ni siquiera están concluidos los informes”, ha criticado la concejala de Ganemos, Vicky López, que ha exigido al equipo de gobierno que “de manera inmediata” presente los estudios pertinentes para que la comisión haga su trabajo y se puedan “cambiar las condiciones de las trabajadoras y del servicio”.

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