CCOO rechaza el proceso de privatización en la prisión

El sindicato asegura que en el centro penitenciario de Córdoba trabajan 400 funcionarios y que “la privatización genera inseguridad”

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha rechazado cualquier tipo de privatización en las prisiones, ni de la seguridad exterior ni de la interior, que implica el trato directo con los internos. Así, el sindicato ha recordado que en cualquier estado de derecho, el monopolio de la seguridad pública, la de los centros penitenciarios, le corresponde al Estado. Sin embargo, ahora se está viendo cómo se pretende establecer una estructura dual en la que la seguridad pública sea gestionada por empresas al margen de la Administración a través de fórmulas de auxilio o colaboración, ha denunciado el sindicato.

El secretario general de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, que ha recordado que en la prisión de Córdoba hay más de 400 funcionarios, ha asegurado que “la privatización genera inseguridad en las prisiones, es más cara que el servicio público y la experiencia demuestra que el trabajo lo acaban asumiendo los recursos públicos y los beneficios las empresas privadas”.

Por lo tanto, para CCOO no existe ninguna necesidad objetiva que lleve a la privatización de las prisiones, al margen de los intereses particulares de los grupos de presión o de las empresas de seguridad. “La privatización de este servicio supone someter la seguridad a criterios economicistas”, ha asegurado Mena, quien ha explicado que cuando en la seguridad pública confluyen intereses económicos, se terminan creando esas necesidades para justificarlos. Es el caso, por ejemplo, de las argumentaciones para el concepto de privatización de la condena o la aparición de códigos penales muy restrictivos que favorecen el aumento de internos, “es decir, usuarios o clientes en términos meramente economicistas”, ha indicado Mena.

Según el sindicato, además de las razones de carácter jurídico, económico y de seguridad en contra de las privatizaciones, se pone un especial acento en el problema real de prisiones, o sea, la falta de plantilla. En ese sentido, ha recordado que se han propuesto medidas concretas que permiten abordar esta situación, como son la posibilidad de promoción profesional del personal, la prevención contra el deterioro y el envejecimiento prematuro de las plantillas y la contratación de personal interino, entre otras, así como la “no supresión de recursos en la Administración y su aprovechamiento en Instituciones Penitenciarias”.

Mena, ha añadido que la vigilancia, la reinserción y la custodia de las personas internas es una potestad pública que se desprende de la ejecución de las penas privativas de libertad, tuteladas judicialmente y que “la actual Administración intenta privatizar cambiando el mandato constitucional de reinserción por el de hacer negocios privados”. Por tanto, eso supone un salto cualitativo por parte del Ministerio del Interior, con el objetivo claro de implantar el modelo privado de gestión de las prisiones similar al de Estados Unidos, a la vez que sigue las consignas neoliberales, como ya está ocurriendo en educación y sanidad, ha concretado Mena.

El sindicato quiere señalar que la privatización de los centros penitenciarios pone en tela de juicio el modelo de Instituciones Penitenciarias, reconocido constitucionalmente y cuyo criterio orientador es la reeducación y la reinserción social en las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad. Y, este modelo que quiere imponer el Gobierno del Mariano Rajoy sustituye en las prisiones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también a funcionarios de prisiones por vigilantes privados. “Por tanto, las personas recluidas y los empleados públicos del Centro Penitenciario dejarán de estar bajo el mandato del Estado y pasarán al servicio de empresas privadas, cuyo único fin es el obtener beneficios económicos”.