CCOO no suscribe el protocolo de la Junta sobre teletrabajo para empleados públicos

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha decidido no avalar el acuerdo entre la administración autonómica y el resto de centrales sindicales presentes en la Mesa General al no llegarse a las condiciones mínimas que CCOO había planteado para su firma.

El secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, ha explicado que “se trata de un pacto temporal en el marco de una emergencia sanitaria y con un futuro incierto. El Gobierno andaluz hace una oferta raquítica que fija en un 20% la jornada a distancia cuando el teletrabajo debe convertirse en estos momentos en un factor que ayude y facilite la lucha contra los contagios y una medida más de protección para todas las empleadas y empleados públicos de la Junta de Andalucía, unos 7.000 en Córdoba, añadiendo también garantías de seguridad para la ciudadanía en el servicio público que se presta”, ha indicado Mena.

CCOO considera que la Junta de Andalucía debe hacer un mayor esfuerzo con los trabajadores y trabajadoras del sector público y anular las limitaciones al acceso a puestos con posibilidad de teletrabajo para el personal interino o trasladado, ya que ha discriminado a estos colectivos. Además, el protocolo para teletrabajo será de aplicación provisional mientras se elabora una legislación específica en materia de teletrabajo, ha concretado el sindicato.

Para CCOO, el texto del protocolo de la Junta de Andalucía propicia un cambio de modelo en las relaciones laborales que desemboca en la anulación del derecho a la negociación colectiva frente a un modelo de relaciones individuales, jefe de servicio – trabajador y trabajadora, que soslaya la necesaria labor de control de las organizaciones sindicales en materias como el cómputo de jornada, el establecimiento de descansos y desconexión digital, etc.. CCOO apuesta por la necesidad de implementar, a su vez, otras medidas de organización y conciliación: prestaciones económicas para la reducción de jornada, prestaciones económicas por excedencia, etc., que ofrezca también una respuesta desde la perspectiva de género a esta pandemia.