¿Por qué están cabreados los taxistas?

Esta semana, Córdoba ha vivido una de las mayores protestas de taxistas a nivel nacional de nunca | ¿Qué es exactamente lo que les ha hecho echarse a la calle de manera tan masiva?

El jueves, la ciudad estuvo imposible para el tráfico. Tres kilómetros y medio de taxis, uno detrás de otro y en fila de a tres, ocupaban el Vial Norte. Pitidos, más pitidos, pancartas, gritos y hasta petardos mostraban una situación de enfado en un sector que no se caracteriza precisamente por no alzar la voz cuando considera que tiene que hacerlo. Pero esta vez, ¿por qué están tan cabreados los taxistas? Y además, ¿por qué han venido a Córdoba tantos y tantos taxistas de otros puntos de España? La respuesta la tiene un informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que anula la ordenanza del taxi aprobada por el Ayuntamiento de Córdoba pero que puede sentar un precedente en España que los taxistas consideran peligroso: la desregulación de todo el sector.

El informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que avanzó este periódico, no gustó a nadie. La prueba está en que tanto Facua como el sindicato UGT, que no estuvieron ni mucho menos de acuerdo en la aprobación de la ordenanza del taxi, han anunciado que interpondrán alegaciones. El actual equipo de gobierno, que receló en algunos puntos también de la anterior ordenanza, también se ha puesto radicalmente de lado de los taxistas. ¿El motivo? Que el informe, nunca mejor dicho, se pasa de frenada.

El espíritu que defiende la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia es el del libre mercado, que inspira también las decisiones en la Comisión Europea. Aunque este organismo se define como “independiente del Gobierno”, está sometido a control parlamentario. Ahora mismo, la mayoría absoluta en el Parlamento la tiene el PP. De hecho, ha sido el actual Gobierno de Mariano Rajoy el que decidió la creación de esta Comisión, que nació en 2013, hace un par de años. El organismo surge de la fusión de varios entes, supuestamente también independientes, que funcionaban hasta entonces.

Entrando en el fondo de la cuestión, el informe es un jarro de agua fría para todo el sector del taxi a nivel nacional. Aunque se centra exclusivamente en la ordenanza cordobesa, se trata del primer informe en el que se argumenta, de manera taxativa, que el sector debe desregulararse. De hecho, el informe entra de lleno en el número de licencias, las potestades organizativas de los operadores, la exigencia de mínimos en la calidad y seguridad, la participación de las asociaciones representativas de titulares de licencias y, sobre todo, el régimen tarifario (taxímetros) de los servicios del taxi.

En cuanto a lo concreto sobre la ordenanza cordobesa, el informe la desmonta casi en su totalidad basándose precisamente en el libre mercado. Así, llega a negar que se fije un número concreto de licencias. Así, considera que esto “no deja de ser una restricción a la competencia en tanto que entraña una limitación a la libertad de empresa sobre la base de la planificación”, añadiendo que las consideraciones previstas por la ordenanza son un “requisito prohibido” por la normativa europea. La misma “falta de proporcionalidad” se observa en la obligación de que el titular de la licencia sea una persona física o cooperativa que va en contra de la potestad autoorganizativa del empresario y, una vez más, es contraria a la libertad de empresa. De nuevo el libre mercado.

El escrito del Gobierno también se centra en uno de los asuntos más polémicos, la fijación de una tarifa de bajada de bandera para la que “no se aportan datos que justifiquen la necesaria fijación de tarifas frente a la libre fijación de precios” para, de esta manera, fomentar un comportamiento competitivo de los operadores y “los legítimos derechos de los usuarios y consumidores”. Es decir, el precio va al mejor postor. El usuario decide qué taxi es más barato para subirse en una parada. Negocia antes con el profesional y no se atiene al tradicional cuentakilómetros, que se convertirá en un mero objeto decorativo dentro de los vehículos.

EL FANTASMA UBER

Pero detrás de todo este cabreo subyace un fantasma: Uber. Ésta es una compañía de San Francisco con la que los taxistas mantienen un conflicto jurídico desde septiembre del año pasado, cuando comenzó a operar en Madrid. Según la normativa europea, y sobre todo según lo que expone el famoso informe de Competencia, lo que hace Uber es legal. Es decir: conductores que se ofrecen a clientes a través de una plataforma digital para prestar un servicio de transporte. Los taxistas, en cambio, entienden que su sector sigue estando regulado e insisten en que pagan religiosamente por sus licencias (algunas superan los 150.000 euros), ofreciendo además garantía y seguridad a los clientes.

Uber es, al taxi, lo que Airbnb a los hoteles, Bla Bla Car a los autobuses o Spotify a la música: una ola que se ha subido a las nuevas tecnologías y que tarde o temprano va a acabar rompiendo y arrasando los sectores tradicionales. Pero los taxistas, a diferencia de los sectores anteriores, no están dispuestos a dejarse vencer tan pronto. Se consideran un sector público y defienden seguir regulados. Batalla van a dar.