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Baquerín envía una queja al Defensor del Pueblo por la iglesia de la Merced

Iglesia de la Merced, ya restaurada.

Alfonso Alba

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Europa Laica inicia una recogida de firmas dirigidas al Defensor | El diputado provincia asegura que la cesión de la iglesia al Obispado choca con la Constitución

El diputado provincial de UCOR Carlos Baquerín ha enviado una queja al Defensor del Pueblo después de la cesión del uso de la iglesia de la Merced por parte de la Diputación al Obispado de Córdoba. Baquerín esgrime la Constitución Española para denunciar ante el Defensor del Pueblo que la institución provincial habría cedido un bien de dominio público para el uso exclusivo de una institución religiosa concreta, pese a la acofensionalidad del Estado. Europa Laica se ha sumado a la propuesta y ha iniciado una recogida de firmas.

Baquerín argumenta que “el fomento preferente del culto católico, de su boato y de sus ritos propios y la utilización para ello de la propia sede institucional, con disposición prioritaria de elementos patrimoniales inmobiliarios y mobiliarios, no aparece como una competencia propia de las Diputaciones provinciales ni tampoco como un servicio público local” en las distintas leyes que rigen a estas administraciones.

La presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, ha firmado un decreto por el que la institución provincial cede al Obispado de Córdoba el uso de la recién restaurada iglesia de la Merced durante dos horas al día y a partir de las 19.00. Según consta en el texto, la Diputación obliga al Obispado a garantizar durante el tiempo que lo esté gestionando la integridad del templo, reconstruido después del incendio que lo destruyó completamente a finales de los años 70. En concreto, el Obispado podrá disfrutar el uso de la iglesia de la Merced a partir de las 19.00 los días laborables, a las 20.00 los sábados, y a las 13.00 y a las 20.00 los domingos y festivos. El periodo máximo de uso del templo, que está dentro del Palacio de la Merced, propiedad de la Diputación, es de dos horas.

No obstante, Baquerín observa que este comportamiento puede atentar contra la Constitución Española: “La libertad religiosa comporta que el Estado debe de mantener una actitud neutral en materia de creencias, que en España, a la vista del artículo 16 de la Constitución adopta la aconfesionalidad del Estado y por tanto de todas las administraciones públicas”.

Por eso, reclama al Defensor del Pueblo que atienda su queja y dicte una resolución. También que si lo considera competente informe a la administración “jerárquicamente competente” por si se hubiese cometido alguna irregularidad. También que si lo considera dé parte a la administración judicial competente, en caso de observar algún presunto delito.

La pasada semana la iglesia de la Merced pudo reabrir sus puertas después del incendio que la asoló y destruyó por completo en 1978. En total, se estima que en estos años y a través de varias escuelas taller y talleres de empleo la institución provincial ha invertido unos diez millones de euros en su restauración.

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