El Ayuntamiento desbloquea el contrato de la ayuda a domicilio: un año y 15 millones

El Ayuntamiento aprobó este jueves, en una Junta de Gobierno Local extraordinaria, el nuevo contrato para prestar el servicio municipal de ayuda a domicilio, el más cuantioso en cuanto a presupuesto y también el más polémico. Este contrato es clave en la relación de Ganemos y su apoyo al cogobierno (la agrupación de electores e IU quieren municipalizarlo) y también afecta a unas 800 trabajadoras y 2.000 personas que reciben el servicio.

El contrato, al que ahora pueden optar diferentes empresas, está valorado en 14,9 millones de euros y tiene un plazo de un año. Actualmente, lo presta la multinacional Clece. El contrato vigente concluye el próximo día 24. Clece ya ha comunicado al Ayuntamiento que renuncia a prorrogarlo, aunque está previsto que el Ayuntamiento obligue a la compañía a seguir con el servicio hasta que no se encuentre una nueva empresa.

El nuevo pliego, redactado por el Área de Contratación (en manos del PSOE), ha tensado las relaciones entre los socios de gobierno. El concejal de Servicios Sociales Rafael del Castillo (IU) quería optar solo a un año para dar tiempo a municipalizar el servicio en caso de que así lo considere una comisión municipal creada al efecto. El PSOE entendía que era mejor un contrato de dos años para hacerlo más atractivo a las empresas. De fondo, aún está por ver qué ocurre con Clece después del día 24, cuando se cumple el plazo de su contrato.

Por otra parte, el nuevo pliego establece grandes diferencias con el anterior. El más importante es su importe. El Ayuntamiento ha decidido elevar de 13 a 14 euros la hora del servicio. El euro de más será financiado exclusivamente con los presupuestos municipales. El resto del servicio depende de una subvención anual de la Junta de Andalucía.

Además, se contempla un nuevo servicio complementario de limpiezas generales de caracter gratuito que implicará dos limpiezas generales al año con un numero de horas aproximado de diez, se crea un catálogo de derechos laborales y la empresa adjudicataria tiene que comprometerse a facilitar ayudas complementarias para la movilización en personas a las que se le prescriba. Además, la empresa está obligada un teléfono gratuito para que las personas usuarias puedan comunicar incidencias que deberá estar operativo de 8:00 a 22:00.

Por otra parte, el pliego también obliga a la empresa a poner en marcha un plan de participación laboral, para que las trabajadoras “puedan opinar en el diseño y programación del servicio”, entre otras acciones, a que las jornadas laborales no superen las ocho horas, con descansos de 15 minutos para las superiores a seis horas, y una formación obligatoria de 15 horas anuales.

Además, el pliego también obliga a la empresa a que no puede tener contratado a más de un 20% de personal eventual y que se valorará en el proceso de selección a aquella entidad que oferte un incremento en el precio sobre el aprobado en el convenio colectivo vigente para el pago del personal.