Los auditores de las empresas de Sandokán dicen que no les pasaron papeles

Rafael Gómez sale del vehículo que lo ha llevado a los juzgados | MADERO CUBERO

Este miércoles se ha reanudado el juicio contra Rafael Gómez, alias Sandokán, y sus cuatro hijos, que están acusados de varios delitos contra la Hacienda Pública. La vista, la segunda tras la declaración el lunes de toda la familia, se ha iniciado con la declaración de los auditores de las empresas de la familia, que han coincidido en que en 2006 trabajaron sin tener un solo papel por parte de las diferentes compañías.

Los auditores son dos trabajadores de la famosa firma internacional Ernst & Young, que trabajaron en las empresas del grupo Arenal entre 2005 y 2006. Los dos testigos han asegurado que en 2006, el año en que estalló el caso Malaya y que culminó con la detención de Rafael Gómez, “no tuvimos a nuestra disposición la documentación y no pudimos acabar nuestro trabajo”. Uno de los auditores, Antonio Jesús García Peña, ha señalado ante el tribunal que las “circunstancias del grupo eran muy complicadas”. Además, aseguró que los responsables financieros de todo el conglomerado de empresas eran Daniel Barrios y Antonio Martínez, y que estos dos actuaron como sus interlocutores. A preguntas de los letrados ha negado también que tuviera relación alguna con Rafael Gómez o sus cuatro hijos.

Otro de los socios de la auditora, Fernando Ignacio Ingelmo, ha confirmado todo lo declarado por su compañero, asegurando el oscurantismo del año 2006 con el que se trató de poner orden en las cuentas del grupo Arenal 2000, algo que achacó al estallido del caso Malaya.

El fraude que se juzga está valorado en 58,1 millones de euros. Por eso, la Fiscalía también reclamará durante el juicio a Gómez el pago de una indemnización que es el séxtuplo de lo supuestamente defraudado, lo que sumaría la astronómica cifra de 348 millones de euros. Sus cuatro hijos estarían condenados a pagar cinco veces lo defraudado: 290,5 millones de euros.

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