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La Audiencia urge a Guisado a devolver los 18.000 euros malversados como alcalde

El exalcalde de Fuente Palmera, sentado en el banquillo. | MADERO CUBERO

Alfonso Alba

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La Sección Segunda emite un auto de ejecución provisional de una de las sentencias que pesan sobre el exregidor, que está condenado a cinco años de cárcel

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado un auto de ejecución provisional de una parte de la sentencia contra el exalcalde de Fuente Palmera Antonio Guisado (PSOE), que está condenado a cinco años de prisión por distintos delitos. El auto se centra en la devolución de 18.500 euros que según la sentencia Antonio Guisado malversó aprovechando su posición de alcalde.

En septiembre de 2013 el exalcalde, que estuvo al mando del Consistorio entre 1987 y 2003, fue condenado a dos años de cárcel por el delito de malversación de caudales públicos al quedarse demostrado, según el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, que se apropió “para su propio provecho económico” 18.530 euros. Es ésta la sentencia que la Audiencia quiere que se cumpla ya, al menos en la parte económica. Además, en un segundo juicio Antonio Guisado fue condenado a tres años de cárcel al considerarlo autor de un delito de falsedad de documento público.

En el último auto de la Audiencia Provincial también se urge a la exconcejal de Hacienda, Maribel Ostos, a devolver 10.268 euros y al exsecretario interventor, Carmelo Tubío, 48.516 euros.

Durante este último juicio por el que Guisado ha acabado condenado, el Ministerio Fiscal consideraba que el exalcalde, de manera irregular, nombró recaudador municipal a Tubío, quien ejerció el puesto de secretario de la Corporación desde 1985 hasta 2003. Éste, se enfrentaba a cuatro años y seis meses de cárcel, inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años y suspensión por dos años y unos 44.000 euros de multa por la presunta comisión de los delitos de aceptación de nombramiento ilegal para cargo público y actividades prohibidas a funcionario, así como falsedad en documento oficial. Finalmente ha sido condenado a tres años.

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