¿Y el ascensor, para cuándo? Historia de una promesa incumplida

Imagine que tiene 70 años, padece dolor en las articulaciones y reside en la tercera planta de un bloque de viviendas. Imagine que cada día debe enfrentarse a un puñado de escalones si desea salir a la calle -y luego regresar a casa-. Imagine por último que carece de ascensor a pesar de contar con el compromiso de una institución pública. Precisamente ésa es la situación que soportan los vecinos del número 3 de la calle Pocito, donde la media de edad supera los 65 años. Es la historia de una promesa largamente incumplida, y como ésta hay muchas otras en Córdoba -y en Andalucía-. Es el relato de una espera de más de un lustro como consecuencia de la inacción de la Junta, que no lleva a efecto el convenio que otorgara en su momento a este edificio -a sus familias, más concretamente- de La Fuensanta. Es la narración de un suplicio: el que supone una escalera para quien habría de tener, por derecho y conforme a sus cumplimientos legales, un ascensor.

¿Para cuándo? Es la pregunta que constantemente se hacen las dieciséis familias que viven en este bloque de la calle Pocito. Una cuestión que comienza a serlo con signos de exclamación también. Porque son diez los años que se cumplen este 2017 desde que la comunidad iniciara los trámites para la instalación de un elevador, que a todas luces, es necesario y se hace esencial. Un ascensor que, además, les corresponde a estos vecinos después de que la Junta les firmara el convenio para su colocación. Fue en 2009 cuando el Gobierno autonómico realizó la concesión de la obra, cuyo inicio todavía aguardan. Lo peor es que tras alguna que otra reclamación y también de una promesa de la presidenta andaluza, Susana Díaz, el desconcierto deja paso poco a poco a la desesperación; a la incredulidad de ver resuelto su problema. Y encima, son más de 26.000 euros los que ya adelantaron los residentes del edificio.

Diez años de trámite y más de 26.000 euros invertidos

La comunidad comenzó el proceso para la instalación del ascensor en 2007, cuando la solicitó a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). La respuesta afirmativa le llegó dos años después. Sin embargo, sus habitantes aún esperan. El convenio que le otorgó la Junta facilitaba la colocación del elevador con una subvención del 75 por 100. Una ayuda a la que optaron y que obtuvieron decenas de bloques en Córdoba: 47 son los que se encuentran en la situación del número 3 de Pocito, y uno ya ganó a la Junta en los tribunales. Lo cierto es que después de una década de burocracia la vida sigue igual de complicada escalón a escalón. Tan largo es el período que varió el nombre del órgano dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda del Gobierno autonómico, pues EPSA ahora es AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía), y también la presidencia. Por dos veces además. Cuando las dieciséis familias iniciaron el proceso gobernaba en Andalucía Manuel Chaves, después pasó José Antonio Griñán y finalmente entró en San Telmo Susana Díaz.

Es la historia de nunca acabar, que comienza a enojar, con razón, a los vecinos de este bloque. Fue en 2009 cuando entregaron por primera vez toda la documentación que les era requerida. Tres años después, en mayo, recibieron el aviso de que la falta de presupuesto provocaba un retraso en el cumplimiento del convenio. Ya entonces las familias habían desembolsado 4.000 euros por la licencia de obras -ya caducada- y más de 22.400 del 25 por 100 de la instalación del ascensor que habían de abonar. Ese último dinero permanece en una cuenta bancaria que no pueden tocar sin permiso de la Junta. En definitiva, la fiesta le salió a cada una de las viviendas por más de 1.500 euros. En 2015, antes de las últimas elecciones al Parlamento de Andalucía, los residentes de este edificio vieron una tenue luz al final del túnel. La presidenta y candidata por el PSOE, Susana Díaz, les afirmó que el elevador sería una realidad en breve. Y sigue la espera. Para ellos esas palabras son hoy una promesa incumplida.

Una historia que continuó ese año, en 2015, cuando la Junta les requirió de nuevo la documentación necesaria para cumplir con el convenio. Fue la primera actualización, con algunas licencias ya caducadas, de todo el papel. Un proceso que significó por otro lado el cambio de presupuestos por los cambios en el IVA -del 16 por 100 inicial a un 21 por 100-, según explica Juan Diego Palomino, de Horizontal Administración de Fincas y Servicios. Él es el encargado de gestionar la esperanza, y los derechos, de estos vecinos. Y él fue quien en septiembre de 2016 tuvo que volver a responder en el aspecto burocrático. La respuesta siempre es la misma: manden ustedes los papeles. Ahora aguardan una nueva comunicación de la Junta para actualizar por tercera vez -y presentarlos por cuarta- los documentos. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba les aseguró que no habrán de abonar de nuevo la licencia de obras, pero lo cierto es que empieza a ser hoja amarillenta. Mientras, la Consejería de Fomento y Vivienda desarrolla otro programa de instalación de elevadores: la subvención es menor y con tres de esos colocan uno de los que esperan estas familias. De ahí que la comunidad del 3 de Pocito haya decidido dar un paso adelante.

Las escaleras, un suplicio

Ante la inacción de la Junta de Andalucía, las familias de este bloque remitieron el pasado miércoles un escrito a AVRA en el que reclaman una solución y anuncian posibles acciones legales. Esperan respuesta personas como María Carrillo, quien ve en las escaleras una auténtica barrera. Tiene 84 años, le duelen los huesos y camina con una muleta. Vive en la segunda planta y la falta de ascensor le “impide una vida normal”. En ocasiones requiere la ayuda de sus vecinos para salir de casa. El cuarto piso es donde reside Pascual Mohedano, que padece del corazón desde hace veinte años. “Por fortuna todo está bien, pero cada día cuesta más subir los escalones”. Son dos de los múltiples ejemplos del gran problema de accesibilidad y movilidad que para los habitantes de esta comunidad supone la falta de un ascensor. Porque la mayoría tienen una edad ya avanzada y los achaques propios de la misma. Como le sucede a Manuel Martínez, de 70 años, con dos muletas y que vive en esa cuarta planta.

“Lo que sentimos es indignación, impotencia y rabia”, asegura Dolores Carrasco, que sufre dos hernias de disco, artrosis en la columna y en las rodillas, ocho pinzamientos y desplazamiento de rótula. Tiene un 35 por 100 de minusvalía y reside en la tercera planta. “Susana no cumple su promesa”, indica su marido, Luis Moreno, a quien en 2015 la presidenta de la Junta le aseguró que el ascensor sería pronto una realidad. Todos aportaron, con la documentación tres veces entregada, certificados médicos de sus dolencias. Como las que sufren Diego Romero y Antonio Medina, del tercer piso. Él fue operado de las rótulas y ella sufre artrosis degenerativa. Una planta por encima vive Francisco Dueñas con su mujer, Mari Cruz Fernández, a quien tiene que “subirle las bolsas de la compra” debido a sus problemas. Otro vecino quedó recientemente en minusvalía y fue necesaria la instalación de una rampa. Se hizo, pero tuvieron que pagarlo los miembros de esta comunidad, que no dejan de preguntarse: ¿Y el ascensor, para cuándo?