Agreden a dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal

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Los hechos ocurrieron ayer cuando el padre de un menor que estaba siendo atendido agredió a un médico y al que acudió en su ayuda

Ayer, en el curso de una consulta en la sede del Instituto de Medicina Legal ubicado en la avenida Gran Vía Parque, el padre de un menor que estaba siendo atendido en estas instalaciones agredió a dos médicos, uno que atendía al menor y otro que intentó mediar en la disputa, según ha informado a través de una nota de prensa la Junta de Andalucía.

El guardia civil que prestaba servicio de seguridad en el IML, ante la situación avisó al Cuerpo Nacional de Policía, cuyos efectivos redujeron al hombre, lograron que depusiera su actitud y fue detenido y conducido a Comisaría para ser puesto a disposición judicial, asegura el gobierno andaluz.

Los médicos forenses han sido llamado a declarar en un juicio rápido en el Juzgado de Guardia de la capital esta misma mañana, derivándose el asunto al juzgado de lo Penal, número 5 de Córdoba, que dictará sentencia en breve. El presunto agresor podría ser condenado por un delito de atentado conforme a la reciente reforma del Código Penal.

Desde la Junta de Andalucía, de la que depende el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, “condenamos enérgicamente este incidente y mostramos nuestra más absoluta repulsa y respeto a la labor profesional de los forenses”, han señalado.

De la misma manera, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Córdoba ha expresado su “más firme rechazo” a la agresión. El sindicato considera “totalmente injustificadas” este tipo de actitudes que reflejan “la gran desprotección que padecen los trabajadores públicos”.

El Sector de Justicia de CSIF en Córdoba pide a la Consejería de Justicia e Interior que incremente las medidas de seguridad para evitar estos episodios. CSIF muestra su apoyo a todos los empleados públicos, que, con su labor, contribuyen a prestar una servicio de calidad al ciudadano. En este sentido, el Sector de Justicia recuerda que pone a disposición de todos los trabajadores que sean agredidos en su puesto sus servicios jurídicos para que inicien, si así lo estiman oportuno, acciones legales para defender su integridad física y moral en el desempeño de su labor en un centro público.

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