Adjudican una vivienda a una pareja desahuciada, con dos hijos y sin trabajo
El Defensor del Pueblo de Andalucía ha tenido que mediar en un caso extremo en el que una familia que fue desahuciada, con el marido con una enfermedad mental, sin trabajo y dos hijos de cuatro y dos años, estaban en la calle. La familia fue desahuciada de la vivienda en la que habitaban tras tres años. El banco, por impago, inició el procedimiento que acabó con su expulsión.
Según consta en la queja tramitada por el Defensor del Pueblo de Andalucía, esta pareja buscó un piso de alquiler que no logró. Al ser de etnia gitana “cuando iban a alquilar el piso que querían no se fiaban”. “Estaban sin ayuda económica de ninguna clase, sin saber donde iban a dormir el día siguiente. En casa de su madre no podían porque también vivía su hermana y no cabían pues era de 2 habitaciones y no había buena relación”, señala el defensor.
“Pusimos la situación en conocimiento de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, respondiéndonos que tenían expediente abierto en la OMDV (Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda) con fecha 23 de febrero de 2016, fecha en la que es derivada por una asociación demandando alquiler social de vivienda ocupada de forma irregular propiedad de una entidad bancaria”, señala. No obstante, el banco finalmente rechazó el alquiler social “debido a la situación de vulnerabilidad e indicadores de riesgo que presentaba” la pareja.
Tras ello se inició un nuevo trámite con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la Junta de Andalucía y se cayó una vivienda disponible “en un polígono de dos dormitorios, y cumpliendo con los requisitos para al adjudicación (en situación de emergencia social y habitacional) desde el Área de servicios sociales la fue adjudicada dicha vivienda”, concluye el Defensor del Pueblo de Andalucía.
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