La Acampada Dignidad pide al Ayuntamiento que vuelva a enganchar el agua y la luz

Después del auto de la Audiencia Provincial que revoca la orden de desalojo de Rey Heredia, los activistas piden gestos al Consistorio para restablecer la normalidad

Tras el auto de la Audiencia Provincial de Córdoba, que ha tumbado la orden de desalojo del colegio Rey Heredia, la Acampada Dignidad ha pedido al Ayuntamiento que para normalizar la situación vuelva a enganchar la luz y el agua en el centro, que había cortado. El portavoz de la Acampada Dignidad, Rafael Juan, también ha reclamado al Consistorio que retire los cargos ya que actualmente siguen imputados 11 activistas de la Acampada Dignidad en el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba.

Ayer, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial tumbó el auto del juez que ordenaba el desalojo de Rey Heredia, a petición del Ayuntamiento. El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, anunció que el Consistorio no iba a recurrir este auto y que lo acataba. También avanzó que seguirán adelante con los trámites para gestionar la cesión del colegio Rey Heredia al Consejo de Distrito Sur.

Por eso, la Acampada Dignidad ha reclamado al Ayuntamiento que para normalizar toda la situación lo que tiene que hacer es volver a enganchar la luz y el agua, que cortó a las pocas semanas de la ocupación del colegio, y que retire los cargos contra los imputados.

Los tres jueces de la Sección Segunda resumen en tres puntos por qué suspenden el desalojo, tumban el auto de Rodríguez Laínz y el recurso presentado por el Ayuntamiento de Córdoba. Así, sostienen en primer lugar que “no se ha acreditado la urgencia para la adopción de la medida de desalojo”; en segundo lugar, que “no se ha acreditado perjuicio alguno por parte del titular del bien objeto de litigio, puesto que conforme a la prueba practicada” (se refiere a la visita de agentes de la Policía Nacional) “el inmueble en cuestión no era utilizado, explotado, arrendado ni objeto de ninguna actividad que se haya interrumpido por la presencia de los denunciados en el lugar”.

La tercera causa que argumentan los jueces es que “dado el estado de la causa es previsible una inmediata o próxima resolución que dé paso a la celebración del juicio oral”. Por eso, “la conclusión no puede ser otra que la de entender que no existe proporcionalidad ni necesidad urgente para la adopción de la medida cautelar, y procede por ello revocar la resolución de instancia y dejar sin efecto el desalojo acordado”.

En el auto, los jueces también le dicen a Rodríguez Laínz que ha tardado siete meses en firmar la orden de desalojo y que había tenido tiempo más que suficiente para instruir la causa. También rechazan que se le esté dando un mal uso al colegio Rey Heredia y que la Acampada Dignidad tenga intención alguna de quedarse con él.