Más de 6.000 personas han sido desahuciadas desde el principio de la crisis

Presentación del informe | ÁLEX GALLEGOS

El concejal delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Juan Hidalgo (IU), y el delegado de Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), Carlos Arce, han señalado este lunes que, desde el inicio de la crisis, “más de 6.000 personas han perdido su vivienda en Córdoba”, ya sea por impago de las rentas de viviendas arrendadas o por impago de las cuotas de la hipoteca, según se desprende del Informe de Vivienda.

Según ha indicado APDH-A en una nota, el estudio presentado, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, “nació de la necesidad de realizar un análisis de la situación que se está produciendo” en la ciudad de Córdoba en torno al ejercicio del derecho a la vivienda “para poder conocer la situación de crisis habitacional que estamos teniendo, de cara a analizar posibles alternativas y buenas prácticas, tanto en lo que afecta al ámbito local como a otras administraciones públicas”.

Este trabajo ha contado con la financiación del Ayuntamiento de Córdoba y el impulso de la Oficina Municipal de la Vivienda. Parte de los datos contenidos en el informe tienen su origen en el servicio de asesoría jurídica de la Delegación de Córdoba APDH-A para personas en riesgo de exclusión, aportando testimonios de los problemas reales que surgen en torno a la vivienda. Otros datos han sido obtenidos gracias a ONG, administraciones públicas y empresas de diversa índole.

El estudio parte de la base de que “la vivienda es un derecho humano que constituye un elemento clave en la dignificación del ser humano y su carencia coadyuva a generar situaciones graves de pobreza y exclusión social de forma indiscutible”, sin embargo, “desde el inicio de la crisis, más de 6.000 personas han perdido su vivienda en Córdoba, ya sea por impago de las rentas de viviendas arrendadas o por impago de las cuotas de la hipoteca”.

Según ha detallado APDH-A, en Córdoba, la Junta de Andalucía registra entre los años 2009 y 2015 un total 21.088 de solicitudes para viviendas protegidas. Además, existen 4.765 inscripciones de demandantes de vivienda pública en el Registro de Vimcorsa, a fecha 18 de abril de 2017.

Al mismo tiempo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la capital cordobesa “hay un total de 152.718 viviendas, de las cuales en el año 2011 había la friolera de 17.615 vacías”, ha indicado la asociación, que ha agregado que por lo que se refiere al fondo social de vivienda, “tras dos años y medio de actividad, solo un 30% de sus 9.866 pisos está habitado”.

“No hay cifras sobre la propiedad bancaria de las viviendas vacías, pero hay informaciones que dicen que se trata del 80 por ciento de la vivienda vacía, otras dicen que los seis mayores bancos acumulan 65.000 viviendas y que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) acumula 106.856 activos inmobiliarios, de los que el 65 por ciento son viviendas”, según APDH-A.

Del informe se desprende que otro de los problemas que “es la mala gestión del parque público de viviendas que se está desarrollando por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Su parque público en Córdoba ”solo es de 2.780 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler social, un número muy inferior al de la demanda existente“.

APDH-A ha agregado que el estudio “aborda el caso de los edificios ocupados que hay en nuestra ciudad”. La mayoría de los edificios que han sido ocupados “son de entidades bancarias, un 33% de la Sareb siendo de particulares un porcentaje inferior (prácticamente inapreciable)”.

Un 64 por ciento de las unidades familiares en esta situación tienen al menos un menor a cargo, mientras que el 19% corresponde a mujeres con hijos que constituyen una familia monomarental. Entre los datos destacan que son un total de 47 menores de edad los que están viviendo en los edificios ocupados, una cifra “muy alta, ya que en algunas ocasiones las viviendas se encuentran bastante deterioradas y con unas condiciones de habitabilidad ciertamente escasas”. Además, un 78 por ciento de las personas que viven en los edificios ocupados se encuentran en desempleo, ha apostillado la asociación.

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