Desahucios: Normativa injusta e insolidaria

Ya sea por impericia, ya sea por sentimentalismo, tengo que confesarles que esta semana me ha costado redactar el presente artículo y es que, tras la crónica del último desahucio producido en nuestra ciudad, tal como cantaba Alejandro Sanz, tengo el “Corazón Partío”. Siempre que abordamos las tristes consecuencias de la crisis económica, solemos hablar de conceptos abstractos o de grandes números que, más allá de engrosar el acervo estadístico, no producen alteración alguna en nuestra conciencia. Así, gracias a la labor del servicio competente del Consejo General de Poder Judicial, sabemos, por ejemplo, que el número de desahucios ejecutados en nuestra provincia durante el primer semestre del presente año ha alcanzado la friolera cifra de 446, un 45´5% más de los que tuvieron lugar durante el mismo período en 2011. Asimismo, la Plataforma “Stop Desahucios” nos ha informado que, semanalmente, se producen entre cuatro y cinco nuevos casos de familias que han sido advertidas de desalojo por impago. Un verdadero drama al que, hasta hace bien poco, no había puesto rostro ni nombre propio. Pero esta semana ha sido distinto. A partir de estos últimos siete días, cada vez que evoco una orden de lanzamiento –pues así se define en el argot judicial-, pienso en Lourdes, en José Manuel,  en sus dos hijos y en el bebé que esperan para mayo.

Lourdes y José Manuel, dos de nuestros vecinos, suscribieron en el año 2005 un préstamo con el Banco de Santander por valor de 72.000 euros con  el que pretendían reformar íntegramente su casa, quedando ésta como aval. Ya que ambos trabajaban en aquel momento, no tuvieron problema alguno para satisfacer las primeras cuotas del citado préstamo. No obstante, tras el abono de 12.000 euros, la crisis económica hizo mella en la estabilidad laboral del núcleo familiar y la pareja pasó a engrosar la cada vez más interminable lista de demandantes de empleo. La drástica y paulatina reducción de ingresos –actualmente viven con la ayuda de 426 euros del Estado- hizo imposible el cumplimiento de sus obligaciones financieras por lo que la entidad bancaria, a pesar de los intentos de negociación por parte de Lourdes y José Manuel, procedió a ejecutar el aval constituido en su momento, dando lugar a la subasta y posterior desahucio del inmueble.

El primer intento de “lanzamiento”, que tuvo lugar el pasado 18 de julio, no tuvo éxito por la actuación de la Plataforma Stop Desahucios, circunstancia que permitió a la familia seguir disfrutando del que ha sido su hogar en los últimos 7 años. Hoy sabemos que dicho disfrute sólo ha tenido carácter temporal ya que la autoridad judicial, para evitar una nueva movilización social que impidiera el desahucio, procedió a autorizarlo sin previa notificación, teniendo lugar aquél justo cuando Lourdes llevaba a sus hijos al colegio y José Manuel estaba en un curso de formación para desempleados. No quiero pensar qué pasó por la cabeza de la pareja cuando, al regresar de sus quehaceres, comprobaron que habían cambiado la cerradura de su casa y que disponían de un mes para, acompañados de vigilancia oficial, recoger sus pertenencias y enseres. Un duro golpe para una familia a la que el destino, revestido de crisis económica, no ha dejado de insidiar en los últimos años.

Desgraciadamente, la historia de Lourdes y José Manuel, con más o menos variantes, se está repitiendo en el seno de nuestra sociedad sin que Estado ni Comunidades Autónomas, que ostentan competencias compartidas en materia de vivienda y ordenación del sector financiero, sean capaces de remediarlo. No culpo a las Administraciones central y autonómica de esta realidad pero sí las hago responsables de una sospechosa pasividad para reducir o aliviar sus efectos. La hipoteca de la residencia familiar para poder acceder al crédito ha sido una constante en la práctica bancaria moderna pero en ningún Estado de la Unión Europea existe una normativa tan restrictiva para los derechos de la ciudadanía como la que rige en nuestro país. Cualquier europeo, salvo que sea español, sería incapaz de comprender que, en el supuesto de ejecución de una hipoteca, la persona afectada, además de perder todo derecho sobre el inmueble que servía de garantía, sigue manteniendo la deuda derivada del préstamo bancario. Es decir, se pierde el derecho de propiedad sobre el inmueble pero la deuda no se liquida con ello por lo que la entidad financiera, amparada por el ordenamiento jurídico vigente, no sólo está habilitada para recuperar el capital prestado con sus respectivos intereses, sino que, además, gana un inmueble con el que poder negociar y así incrementar sus pingües beneficios.

Si nuestros dirigentes han abogado por la convergencia real con el resto de Estados miembros de la Unión Europea, parece que han olvidado hacerlo en el ámbito hipotecario con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos. Asimismo, también parece que no han reflexionado sobre la posibilidad de imponer al rescate de las entidades financieras -el cual, sea dicho de paso, vamos a soportar entre todos- un catálogo de condiciones que redunden en beneficio de la ciudadanía, tales como dación en pago de la vivienda o alquileres sociales, por ejemplo. En definitiva, si bien la demagogia impera cuando algunos “lidercillos” hablan de este asunto en los medios públicos, la triste realidad es que ningún grupo político ha registrado oficialmente en el parlamento nacional o en sede autonómica iniciativa legislativa para modificar una regulación que, a mis ojos, se torna injusta e insolidaria para las personas y es excesivamente ventajosa para los intereses de la banca.