El Consorcio de Bomberos está que arde (I)

El Consorcio de Bomberos o, para ser más exactos, el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Córdoba, lleva en el candelero desde hace ya mucho tiempo y, personalmente, creo que ha llegado el momento de prestarle la debida atención porque, además de la enjundia de los problemas que le rodean, el que suscribe estas breves líneas formó parte del Consejo Rector de este órgano durante el pasado mandato corporativo por lo que puedo afirmar, con rotundidad y sin ambages, que se ocultó o distorsionó la realidad económica de la  referida entidad instrumental. Asimismo, creo que también es necesario reflexionar sobre su financiación y posibles medidas de ahorro aunque, sobre ambos extremos, escribiré la próxima semana.

El reciente drama del Consorcio de Bomberos creció larvado durante los últimos mandatos socialistas en la Diputación de Córdoba pero todo cambió cuando, contra todo pronóstico,  los resultados electorales de los últimos comicios municipales otorgaron al Partido Popular la posibilidad de gobernar por primera vez la institución provincial con mayoría. El cambio de color político en el equipo de gobierno llevó aparejado un progresivo relevo de los cargos directivos de confianza en los distintos organismos provinciales y, cuando le tocó el turno al Consorcio de Bomberos, los dirigentes populares se encontraron con una sorpresa: un agujero cercano a los 15 millones de euros que tenía su principal origen en el impago de las cuotas a la Seguridad Social del personal que prestaba sus servicios en el citado ente instrumental. O dicho de otro modo, los bomberos han estado atendiendo situaciones de riesgo y acudiendo a sofocar todo tipo de emergencias sin que su relación jurídica con la Seguridad Social estuviere regularizada.

Obviamente, en primer lugar, surge una pregunta: ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? A pesar de haber sido miembro de pleno derecho del Consejo Rector del Consorcio de Bomberos durante todo el anterior mandato, siento no poder ofrecer una respuesta al lector de este artículo. No puedo hacerlo porque, durante cuatro años, cuando al cierre de cada ejercicio presupuestario preguntaba sobre las "Obligaciones pendiente de pago", siempre obtenía la misma respuesta: "no hay ninguna relevante". Puede usted imaginarse la cara de tonto que se me quedó el día que tuve conocimiento de la calamitosa situación financiera del Consorcio ya que, o fui vilmente engañado, o he de actualizar, Diccionario de la Real Academia en mano, mi concepto del término "relevancia". En cualquier caso, si alguien piensa que la culpa fue mía por creer en la respuesta que se me facilitaba, quisiera aclarar que ésta estaba avalada no sólo por el Gerente del Consorcio, sino también por el Interventor del mismo, el cual era un funcionario que, además de prestar servicios en el referido organismo provincial, ocupaba el puesto de Secretario-Interventor en el Ayuntamiento de Pedro Abad, cargo que sólo puede ser desempeñado por personal funcionario de habilitación nacional al cual se le presume profesionalidad, capacidad e imparcialidad en sus actuaciones. Si el empleado público conocía la delicada situación financiera del Consorcio o si, por el contrario, era un engañado más, es cuestión que desconozco pero confío en que la investigación que está llevando a cabo el Tribunal de Cuentas depure todo tipo de responsabilidades.

La segunda duda que nos invade está relacionada con el destino y uso de los recursos que en cada presupuesto del Consorcio estaban destinados al pago de las cuotas de la Seguridad Social. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero? Ignoro las excusas que los responsables de este desaguisado esgrimirán pero, en mi presencia, hay algunas que no podrán defender ya que, en la liquidación de cada ejercicio presupuestario, la referida partida de gasto figuraba como totalmente ejecutada. ¿Por qué se hizo creer a la oposición que se habían satisfecho unas obligaciones que aún estaban pendientes?; ¿Por qué se ha negado la existencia de una deuda que, debido al impago, iba en aumento? Si se autorizó el libramiento de los citados fondos y éstos no fueron empleados para la finalidad consignada en el texto presupuestario, ¿dónde y para qué se han utilizado? Según ha trascendido a la opinión pública, es un hecho probado que el Gerente del Consorcio transfirió fondos de la entidad a sus cuentas privadas. Como la presunción de inocencia es un derecho fundamental consagrado en el artículo 24 de nuestro texto constitucional, no me corresponde a mí, sino a la autoridad judicial, determinar la presunta existencia de dolo en la gestión del Consorcio aunque, a tener de los hechos, creo que, cuando menos, nadie podrá dudar de un comportamiento negligente por parte de los responsables de las cuentas del organismo autónomo.

Para poner punto y final a este primer artículo sobre el Consorcio de Bomberos, quisiera compartir con ustedes una última reflexión: ¿Hacia dónde miraba el gobierno socialista de la Diputación mientras el agujero del Consorcio iba en aumento? La presidencia del Consorcio corresponde al Presidente de la institución provincial y, por delegación, durante el último mandato, recayó en el Vicepresidente Primero. ¿Qué sabían ambos sobre la situación del organismo autónomo? ¿Son corresponsables de la misma o unos engañados más? Como he dicho antes, no me corresponde juzgar pero, al menos, sí puedo aprovechar la ocasión para reclamar una mecánica diferente en el acceso a los datos de las entidades públicas por parte de los miembros de las mismas ya que, como ha quedado constatado con el Consorcio de Bomberos, la regulación actual es ineficaz.

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17 de enero de 2013 - 07:00 h