Justicia para todos

Norman Jewison nos quiso relatar, en una película basada en una novela de John Grisham, como concibe la Justicia para todos. Protagonizada por Al Pacino y por Jack Warden, trata sobre un abogado que debe defender a un juez acusado de violación, a pesar de que le impidió dar validez a unas pruebas que hubieran salvado la vida a un inocente. En el trasfondo de la película subyace la idea de que, en EEUU, todo está sujeto a la acción judicial, aunque luego, no sea tan ciega como la pintan, sino que está subordinada y sometida a los intereses económicos, políticos, mediáticos, etcétera.

En nuestro país, no hay nada más que mirar la actualidad diaria para confirmar que la política lleva tiempo determinada por la acción de los tribunales y que es allí, en la sede judicial, donde se resuelven las disputas políticas. De esta deriva del debate político a judicial no se ha sustraído nuestra ciudad, y no solo en este momento, sino de forma histórica. Solo hay que recordar que la confabulación de intereses políticos, empresariales y mediáticos consiguió la renuncia del alcalde Herminio Trigo con una sentencia judicial por un asunto que hoy, con lo que está cayendo, sonrojaría a cualquiera.

El gobierno del PCE-IUCA de 1979 acabó, en su primera etapa, en 1995, ante la inminencia de la revisión del PGOU de 1986 y el interés de demasiados especuladores de conseguir florecer dinero negro invertido en suelos. Se financiaron libelos políticos transformados en periódicos gratuitos, se usaron como títeres a concejales que vestían las acusaciones de debate político, y se amañó una batería de demandas, de todo tipo, con la finalidad de que alguna fructificara. El resultado es que el alcalde fue acusado de prevaricación por haber insistido en la contratación de un gerente para el Gran Teatro, plenamente capacitado y adecuado para el puesto. Intentaron que el tema tuviera tintes económicos, pero al no conseguirlo, no les importó cualquier “irregularidad”, por pequeña que fuera.

En aquel tiempo, los partidos políticos hablaban más de querellas y de tribunales que de los problemas de la ciudad, la difamación y acusación sin pruebas estaban al orden del día y el vecindario asistía atónito al rifirrafe sostenido por personajes sin ninguna credibilidad pública. Hoy, el Ayuntamiento de Córdoba vuelve a una situación similar pero, en este caso, no por cambiar de alcalde, sino por la mediocridad de nuestra clase política local, que esconde su falta de argumentos en denuncias o querellas judiciales, esperanzados en encontrar algún éxito en sus planteamientos.

Nuestros concejales y dirigentes municipales han copiado el estilo de De Vito Rojas, basado en el chiste malo y fácil, el ataque personal y la falta de rigor. Claro, que sospechábamos que el estilo de Totó Gómez podía superar todas las expectativas, como así ha sido. El salón de plenos y las ruedas de prensa se han convertido en un lodazal de las que muy pocos pueden, o quieren, escapar. Y que acaba en la Fiscalía.

Si se quiere cerrar el Imdeec, nada mejor que mandar a la Fiscalía cualquier hecho susceptible de ser tomado por irregular, para hundir su imagen ante el vecindario. Si Tremón presenta una propuesta para el meandro del Arenal cuestionable, no por los usos que argumenta, sino por pretender la recalificación urbanística de los suelos, la atención se quiere desviar a si llamarlo pelotazo urbanístico o robo, es un ataque al honor, o no. Si conocemos, por boca de su promotor, que las Naves de Colecor y la Carrera del Caballo se autorizaron entre pijotas malagueñas en lugares clandestinos, lo importante no es asumir ninguna responsabilidad, sino denunciar ante los tribunales tal revelación. Si los grupos políticos siguen usando el dinero que les destina el Ayuntamiento a financiar sus partidos de forma irregular y a pagos opacos (sobresueldos, comidas sustanciosas, liberaciones vergonzantes…), se amenaza con llevar a los tribunales a quien ose denunciar la situación. Y así podíamos seguir.

Hoy ya no hay 29 concejales sentados en el salón de plenos, sino, salvo honrosas excepciones, copias malas de Arévalo o de Manolito Royo, que usan los adjetivos insultantes de forma alegre y que, ante la falta de ideas políticas, usan los tribunales para intentar acallar las críticas políticas y no tener que dar explicaciones a nadie “hasta que la justicia dictamine”, no sobre el fondo del asunto sino sobre “el McGuffin” particular. Lo que no saben es que la justicia, como aprendió duramente el abogado protagonizado por Al Pacino, está impregnada de ideología, de intereses, de presiones… Que en vez de llevar allí el debate político se debería procurar activar al vecindario. Lo mismo es que piensan que, durante los cuatro años del mandato, lo mejor es no despertar a los únicos que sí pueden aplicar una justicia real para todos en cuanto asuman su poder: usted, yo y todos los demás.