El PP y la ley Igual para todos

Desconozco el momento en que los partidos políticos abdicaron de la educación política de la ciudadanía y se centraron en las encuestas para conseguir el poder (unos y otros). Viene esto a cuenta de la desinformación manifiesta que practica el Partido Popular a propósito de la Constitución Española, puesta de relieve en los siguientes hechos: 

1º) “Feijóo, ganador de las elecciones, debe ser Presidente”. Repetida hasta la saciedad por los respectivos corifeos, esta afirmación oculta a la ciudadanía que el artículo 99.1 de la CE establece lo que se conoce como democracia parlamentaria: el presidente del gobierno no es necesariamente el número uno de la lista más votada, sino el que logra la mayoría del Congreso, de la misma manera que al Alcalde no lo eligen los ciudadanos directamente sino que lo nombran la mayoría de los concejales (excepción hecha de municipios con muy pocos habitantes). Consecuencia de esta manipulación interesada de la CE es la falta de criterio y fundamento de la opinión pública que, al margen de cualquier tipo de reflexión o discusión racional, ha conducido a los asistentes a la reciente manifestación preventiva de Barcelona a portar una enorme pancarta en contra del Rey, cuando precisamente lo que ha hecho el monarca es cumplir con lo establecido en la Constitución. 

2º) Actualmente, se nos repite machaconamente que la posible amnistía, fruto de las negociaciones con independistas vascos y catalanes, atenta contra el principio de igualdad ante la ley recogido en el artículo 14 de la CE. No debería olvidarse que Aznar, cuando necesitó el voto del independentismo catalán, concedió el indulto a 16 terroristas de Terra Lliure y que se refirió a ETA y su entorno como “Movimiento de Liberación Vasco”; o que en nuestro país se han otorgado tres amnistías fiscales, la última en 2012, con Mariano Rajoy. Pero parece ser que si lo hace el PP es diálogo, mientras que si lo hacen los demás es ceder al chantaje. También se obvia, interesadamente, que desde la aparición del Estado de las Autonomías, existen 18 boletines oficiales (17 CCAA más el BOE) que sacan normas unas veces similares y otras diferentes. Nos encontramos, por ejemplo, con que policías, profesores y resto de funcionarios cobran distinto según la comunidad o administración local que les ocupe; por no hablar de aquellas CCAA gobernadas por el Partido Popular que, careciendo de alternativa económica que no sean medidas neoliberales como la bajada de impuestos, altera el tramo autonómico del IRPF o suprime/bonifica el impuesto sobre el patrimonio. 

Esta contradicción entre la defensa teórica de la uniformidad de la legislación y la efectiva diversidad de legislaciones autonómicas, nos revela una de las principales limitaciones del discurso del Partido Popular en lo que concierne a la defensa de los principios constitucionales. Y es que en el fondo no aceptan la diversidad de España en lo que a la ordenación del territorio se refiere y que queda plasmada en el artículo 2 de la carta magna: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Por no hablar de la falta de reconocimiento y respeto a la diversidad de los españoles en lo personal, especialmente en lo que se relaciona con la sexualidad y que se recoge en el artículo 14: “Los españoles son iguales ante la 

ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social“. Posiblemente, por su resistencia a aceptar la pluralidad, incluso de no haber existido VOX y haber obtenido el Partido Popular 172 diputados, el resultado de la investidura de Núñez Feijóo habría sido el mismo, porque es en estos aspectos donde los populares no encuentran aliados en el Congreso. 

Para finalizar, insistir en el flagrante incumplimiento de la Constitución de los autoproclamados “constitucionalistas”; ¿cómo se atreven a acusar a los demás de que atentan contra la Constitución cuando ellos llevan cinco años sin aplicar el mandato del artículo 122.3 CE de renovar el Consejo General del Poder Judicial?. El órgano supremo de gobierno de los jueces debe configurarse según los designios de la voluntad popular expresada en las elecciones. 

Desde hace más de un siglo, existe un problema de ordenación territorial en España, cuya posible solución ha de ser política, y no exclusivamente judicial o represiva (artículo 155, palos y policía patriótica). La necesidad de afrontar este conflicto va ligada a la posible actualización de nuestra carta magna. La Constitución Española cumplirá en diciembre los 45 años y, según datos del INE (a 1 de enero de 2022), sobre un total de 47.475.420 españoles son 27.675.163 los que tienen menos de 49 años (el 58,29%). Con más exactitud: al 44,46% de los españoles -comprendidos entre los 19 y los 49 años- les puede resultar ajena; máxime cuando en lugar de contener lo que realmente une a todos los españoles deviene en un tratado de derecho administrativo inaccesible para la mayoría o en un arma arrojadiza en manos de los intereses de cada partido. Thomas Jefferson defendió allá por 1789 que no hay constitución perpetua, sino que necesariamente ha de permitir enmiendas y reformarse cada generación, para que los ciudadanos la sientan como propia y no como impuesta por aquellos que la aprobaron. No se trata de que cambiemos la constitución cada 19 años, pero sí que el contrato social se renueve en paralelo a los cambios y necesidades de los nuevos tiempos. 

El progreso de nuestra democracia implica aceptar la diversidad en todos los órdenes y la necesidad de avanzar a través del disenso; o el consenso, según se entienda, esto es lo contrario a la uniformidad impuesta en la mayoría de las formaciones políticas. Algunas líneas maestras de la Constitución marcan caminos a explorar. Uno de ellos bien pudiera ser el subrayado del artículo 2 de la CE: avanzar en la organización y extensión de la solidaridad entre nacionalidades y regiones.