Calles para la democracia

La decisión del actual gobierno municipal de revertir el acuerdo plenario de Febrero de 2018 para eliminar del callejero los vestigios de la memoria franquista constituye un flagrante incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, un acto de negacionismo incompatible con la verdad histórica y, sobre todo, una grave desconsideración hacia la dignidad de las víctimas

de la represión franquista en Córdoba, que afecta igualmente

a sus descendientes.

Los dos primeros apartados del artículo 32 de la LMDA establecen la obligación de los Ayuntamientos de retirar del viario público los gentilicios de personajes que propiciaron o participaron activamente en el golpe de Estado que dio origen a la guerra de España y la dictadura franquista. En este sentido, la Comisión Municipal de Memoria Histórica dejó claro mediante una extraordinaria labor de documentación historiográfica el carácter de significados golpistas y servidores del franquismo de los tres personajes que ahora las derechas cordobesas plantean reponer, enmascarando con ciertas modificaciones puramente cosméticas la evidente restauración de la memoria de la dictadura. El daño que una propuesta como esta puede hacer a la imagen

y la proyección exterior de Córdoba como referente histórico de tolerancia y respeto a los derechos humanos parece no importar demasiado a las fuerzas políticas que la están impulsando.

El derecho a la verdad ha sido reconocido solemnemente por la Asamblea General de la ONU el 21 de Diciembre de 2010. El negacionismo de las evidencias históricas

en relación con el papel protagonista que desarrollaron tanto Antonio Cañero como

José Cruz Conde y Fernando Suarez, conde de Vallellano, en la ejecución del golpe de estado y -en el caso de Vallellano- para el mantenimiento de la Dictadura, supone atentar contra este derecho de la ciudadanía a conocer el relato veraz sobre su propia historia reciente.

Cumplir la Ley y ejercer el Derecho a la Verdad son cuestiones más que suficientes para no dar pasos atrás en la tarea de abrir nuestras calles a los valores democráticos. Pero la razón más importante consiste en el respeto que debemos a la dignidad de las víctimas de lo que constituyó la mayor tragedia humanitaria que ha sufrido Córdoba en los dos últimos siglos. ¿Qué sienten los descendientes de los miles de mujeres y hombres que aún permanecen desaparecidos bajos las fosas sin nombre de nuestros cementerios cuando pasean bajo los nombres de personas que de un modo u otro propiciaron aquella barbarie? Si la ley y la verdad no son suficientes, apelemos al sentimiento humanitario

hacia las víctimas y sus familiares para pedir a nuestros regidores municipales que mantengan fuera del callejero cordobés la memoria de un negro periodo que llenó de luto y dolor a la ciudad de Córdoba, precisamente para que algo así jamás pueda repetirse.

Luis NaranjoPresidente del Foro por la Memoria