Como bien nos han enseñado los feminismos, las violencias patriarcales son un problema estructural que fundamenta y atraviesa una estructura de poder y un orden cultural que se sostienen sobre la masculinidad. No son el resultado de las acciones particulares de seres monstruosos sino la acción, finalmente encarnada en sujetos concretos, de una red que legitima el maltrato. De ahí que las respuestas penales, y por tanto individuales, y acordes, como no podía ser de otra manera, con las garantías propias de un Estado de Derecho, sean absolutamente insuficientes para atajar todo un entramado relacional que alimenta jerarquías y subordinaciones. De ahí también, claro, las impotencias de las leyes y la permanente frustración que genera la continuidad de los abusos.

Si hay una institución que a día de hoy encarne, en toda su amplitud, los esquemas propios de un orden patriarcal es sin duda la Iglesia Católica, reproductora durante siglos de la exclusión de las mujeres de los ámbitos de decisión y amparo para todo tipo de varones depredadores bien amaestrados en el arte de hacer valer su superioridad, con frecuencia disfrazada por las sotanas de la amabilidad y el amor al prójimo. En consecuencia, a cualquier demócrata debería resultarle dramático e insoportable que Estados constitucionales, y formalmente comprometidos con los derechos humanos, hayan mantenido durante décadas una suerte de inmunidad de esos espacios eclesiásticos, en los que tan habituales han sido y son las acciones al margen de lo jurídico. Como si se tratara de un espacio de inmunidad que con frecuencia ha acabado siendo un espacio de impunidad. Una realidad escandalosa que en nuestro país han encontrado amparo en una Constitución cómplice de la confesionalidad y, lo que es más terrible aún, en una izquierda absolutamente cobarde en su rol de poner frenos a los poderosos para garantizar la dignidad de los más débiles.

Una de las expresiones más brutales y escandalosas de ese poder eclesiástico ha sido y sigue siendo la pederastia, a la que solo muy recientemente hemos empezado a ponerle una frágil luz pública, y en la que confluyen todos los elementos que podemos identificar con esa megaestructura que es la masculinidad y que se traduce en la capacidad de dominio y abuso de quienes han sido investidos de una autoridad sobre todos aquellos que han sufrido una prorrogada minoría de edad. Si cualquier violencia es censurable y debería alarmarnos en cuanto sujetos convencidos de la igual dignidad de todos los que componemos la “familia humana”, mucho más lo debería serlo aquella que se ha desarrollado bajo la cobertura amable de los vínculos religiosos, en espacios donde supuestamente se cultivaban valores para la convivencia pacífica y que tenía como víctimas a los seres más desvalidos frente a quienes traducían en sus cuerpos trajeados la omnipotencia divina. El terreno del pecado, sí, pero también, y sobre todo, de los delitos más insoportables contra la integridad de los humanos.