Ponga un coqueto diploma de 'compliance' en su despacho
Acciona pagaba presuntamente mordidas del 2% a la empresa vinculada con Cerdán
La multinacional Acciona ejecuta, al menos, dos contratos de obra pública en Córdoba. Y cuenta además con un solvente código ético de conducta diseñado específicamente para prevenir y detectar casos de corrupción, soborno y otros comportamientos ilícitos. Lo que en términos empresariales se conoce como políticas de compliance. De tal forma que posee tres coquetos certificados de AENOR, que acreditan que la compañía cumple de forma exquisita con la legislación vigente y se ha dotado de mecanismos fiables para prevenir conductas inapropiadas.
El pasado 14 de noviembre la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao por orden del juez en el marco del caso Koldo. Los agentes de la UCO atribuyen a Acciona un papel clave en la trama delictiva que implica a los dos ex secretarios de Organización del PSOE hoy procesados. El señor Cerdán era presuntamente el enlace entre la constructora de la familia Entrecanales y la administración para la adjudicación de obra pública a cambio de mordidas.
No sabemos qué despacho de Acciona decora los tres diplomas de AENOR que atestiguan su intachable conducta en términos éticos. Pero sí que el caso Koldo no es el único en que la compañía compromete su buen nombre. Así, a vuelapluma, podemos citar el caso Acuamed, el caso Odebrecht, el caso Plaza, el caso Azud y, cómo no, los famosos Papeles de Bárcenas, donde la constructora figura como donante entusiasta de la caja B del PP.
El caso más conmovedor de todos, sin embargo, es el que le implica con el cártel de las constructoras más relevantes de nuestro querido país. Según acreditó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las compañías se reunían cada semana en secreto para repartirse las contratas de la Red Nacional de Carreteras y adulterar las reglas de la libre competencia. Recordemos sus nombres: Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr, ACS y OHL. La actividad delictiva se extendió durante nada menos que 25 años. Desde luego, hay trotskistas que muestran más respeto por la libre competencia que estos presuntos liberales.
La CNMC sancionó a las empresas del cártel con una multa de 61,2 millones de euros y la prohibición de contratar con la administración pública. Por lo que se ve, sin mucho éxito. La familia Entrecanales y sus colegas del sector han seguido firmando contratos con las administraciones del Estado, uno detrás de otro, a lo largo y ancho de la península ibérica, incluida nuestra bella provincia.
Y a estas alturas es probable que acumule ya media docena de nuevos diplomas AENOR en reconocimiento a su acreditada política de compliance.
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