Dos políticos socialistas de Córdoba denuncian amenazas tras recibir una carta anónima en su vivienda

El diputado del PSOE por Córdoba en el Congreso, Alberto Mayoral, y la concejala socialista en el Ayuntamiento de la capital, Mamen González Escalante, han presentado una denuncia ante la Policía Nacional tras ser víctimas de amenazas directas en una carta que ha llegado a su propio domicilio.

Según ha explicado el parlamentario a este periódico, el hallazgo de la misiva se ha producido este domingo cuando acudió a revisar el buzón de la vivienda familiar. Allí encontró una carta dirigida expresamente a ambos con sus nombres completos, piso y portal. La misiva, que llevaba un sello pero no figuraba remitente, contenía amenazas y acusaciones en relación a su labor política. Más concretamente, el socialista ha explicado que en la carta se podía leer: “Os juro que vais a pagar no defender a España” e insultos como “traidores”.

Como no puede ser de otra manera, este hecho ha provocado una profunda inquietud en la pareja, no solo por el tono amedrentador de las amenazas -que no están escritas a mano-, sino por la vulneración de su privacidad: el autor o autores disponían de sus datos personales exactos y lograron acceder al interior del portal para depositar el sobre directamente en su buzón.

Para Mayoral, este hecho es un salto cualitativo a lo que ocurrió en 2025, cuando él mismo sufrió amenazas en redes sociales de un antiguo dirigente de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) después de su voto a favor de la Ley de Amnistía.

En este caso, la Policía Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación. El escrito y el sobre han sido trasladados a la Científica, que trabaja en el análisis de posibles huellas dactilares o restos biológicos para tratar de identificar a la persona responsable.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha mostrado su apoyo a la pareja socialista a través de su perfil en la red social X, donde también ha mostrado su “máxima condena y repulsa” ante este hecho del que está “seguro que será resuelto por las autoridades”. “La discrepancia política jamás puede amparar comportamientos de este tipo”, ha concluido.