Las mujeres ganan casi 4.000 euros menos al año que los hombres en Córdoba

El Informe sobre el Estado de la Pobreza elaborado por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía) deja datos de Córdoba muy reveladores y que no han ido teniendo una evolución hacia la igualdad en los últimos años. Las mujeres en la provincia cordobesa percibieron en 2024 un salario bruto medio anual de 16.454 euros, frente a los 20.348 euros que cobraron los hombres. Una diferencia de casi 4.000 euros que supone que la brecha salaría se sitúe en torno al 19%.

Por otro lado, el estudio evidencia también que un total de 88.213 mujeres en Córdoba -lo que representa el 56,4% del total de las trabajadoras ocupadas- perciben sueldos situados por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Asimismo, el colectivo femenino representa el 55,4% de todas las personas clasificadas como mileuristas en la provincia.

Una brecha económica se traslada también a la tasa de desempleo. Pese a que la tasa de paro general descendió en Córdoba hasta el 14,52% en el segundo trimestre de 2026, la distribución por sexos revela una distancia de 7,5 % entre la tasa masculina y la femenina. Además, dentro del colectivo de personas desempleadas, el grupo que más notan esta estadística son las mujeres de 44 años, con 1.013 inscritas en los servicios públicos de empleo.

Cuidado de casas y la dificultad laboral

Por otro lado, el informe, al que ha tenido acceso ese periódico, constata de una notable presencia femenina en el empleo doméstico y de cuidados, unido a una moderada precariedad y vulnerabilidad. En 2025, se registraron 3.250 personas afiliadas en este sector en la provincia de Córdoba, de las que 3.147 eran mujeres, lo que equivale a cerca del 97%.

Asimismo, también existe desigualdad contractual y así se demuestran con los datos de 2025, cuando el 62,16% de los contratos suscritos en Córdoba fueron de carácter temporal (196.461 en total ), concentrándose la inestabilidad principalmente en las trabajadoras: las mujeres firmaron 88.512 contratos temporales frente a solo 39.687 de carácter indefinido. Esta dinámica sitúa la tasa de temporalidad laboral femenina en el 22,63%, por encima del 14,46% registrado entre los hombres de la provincia.

La vivienda, un problema principal para los cordobeses

Dejando a un lado la brecha salarial entre géneros, el apartado de la vivienda también ejerce una presión fuerte para la provincia cordobesa. Pese a que el precio de la vivienda libre en Córdoba se situó en 1.285 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2026, la capacidad adquisitiva de las familias ha desencadenado en una presión hipotecaria. En 2025, las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 282% hasta alcanzar los 883 casos, impulsadas por el encarecimiento del coste de la vida y la subida de las cuotas variables.

Además, entre 2022 y 2025, la oferta de plazas turísticas en Córdoba se disparó algo más del 82%, pasando de 10.187 a 18.570 plazas registradas. La conversión de inmuebles residenciales en alojamientos turísticos está reduciendo la oferta de alquiler habitual en los barrios más céntricos de la capital, dificultando el acceso a una vivienda asequible para la población residente.

En materia educativa, la tasa de abandono escolar temprano en Córdoba se elevó al 15% en 2024, registrando una acusada brecha de género donde los hombres jóvenes presentan una tasa de abandono significativamente mayor que la de las mujeres (19,8% frente al 9,1%). Para amortiguar estas desigualdades, la red de educación pública canalizó 20,99 millones de euros en becas y ayudas al estudio durante el curso 2024-2025.

Por otro lado, el informe también ha reflejado que la población extranjera residente en Córdoba creció un 16,23% entre 2023 y 2025 hasta alcanzar las 30.226 personas, mostrando un saldo migratorio positivo de 1.718 personas en el último ejercicio analizado. En este contexto, la concesión de 175 autorizaciones de residencia y trabajo a mujeres extranjeras víctimas de violencia de género desde 2021 visibiliza la necesidad de reforzar la protección institucional ante situaciones de múltiple vulnerabilidad.