Suspendido el juicio a 16 acusados de ocultar casi 187 kilos de hachís y marihuana en parcelas de Córdoba

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acordado la suspensión del juicio fijado para esta semana contra los 16 integrantes de una organización criminal dedicada al cultivo masivo, procesado, extracción de resina y exportación de mariahuana en la capital y la provincia. La vista oral ha tenido que ser aplazada antes del trámite de cuestiones previas debido a la renuncia de dos de los abogados de la defensa, circunstancia que ha obligado al tribunal a posponer el señalamiento.

Esta causa sienta en el banquillo a un grupo que operaba bajo la apariencia de una sociedad de agricultura y jardinería para abastecer y gestionar campos de cultivo e instalaciones indoor distribuidas por varios puntos de la provincia.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, la red criminal se organizaba en un clan familiar dirigido por uno de los procesados -quien ostentaba el máximo poder económico y controlaba una empresa pantalla-, asistido por sus dos hermanos y un asesor agrícola.

El entramado articulaba sus funciones en tres escalones claramente delimitados. En el primer eslabón estaba este grupo dirigente, encargado de la financiación, dirección de la empresa instrumental y adquisición de materiales agrícolas. Uno de los hermanos del líder de la red actuaba como conector directo con el grupo extranjero, el otro hermano asumía la logística y coordinación del montaje de plantaciones, y el asesor agrícola aportaba sus conocimientos del sector para localizar fincas y supervisar el desarrollo de los cultivos.

En el medio de la pirámides se encontraba la rama albanesa, formada por otros cuatro procesados, que explotaba grandes extensiones agrícolas en Villalón (Fuente Palmera) bajo la falsa cobertura de un sembrado de cáñamo industrial, además de dedicarse al secado, tamizado, extracción de polen mediante prensado y envasado al vacío para enviar la droga a terceros países. En el equipo de logística y custodia de la droga había otros ocho procesados.

Casi 187 kilos de droga intervenidos en naves, fincas y chalés

La investigación que acabó con la detención de estas 16 personas comenzó en febrero de 2024, pero no fue hasta junio y julio cuando fueron arrestadas. Durante las entradas y registros de los inmuebles, las fuerzas de seguridad decomisaron un total de 170,85 kilos de marihuana, valorados en el mercado ilícito en 1.069.552 euros, así como 16,11 kilos de hachís (polvo y bloques de resina), con una valoración económica de 108.306 euros.

Las intervenciones se llevaron a cabo en chalés y casas de las urbanizaciones La Perla, Fontanar de Quintos, La Canchuela-Majaneque, calle El Trigal, la nave de la empresa en la carretera A-431, una finca en Villalón y una parcela ubicada en Almodóvar del Río.

Los agentes incautaron envasadoras al vacío, extractores rotativos de polen y prensas, al tiempo que constataron enganches ilegales a la red de suministro eléctrico en las instalaciones indoor. Además, se intervinieron tres armas de fuego: una pistola corta, una carabina y un bolígrafo-pistola artesanal.

Por el delito contra la salud pública con las agravantes de cantidad de notoria importancia y pertenencia a organización criminal, la Fiscalía pide diez años y dos meses de prisión para el líder de la red, sus dos hermanos, el asesor agrícola y uno de los procesados que se encargaba de la vigilancia. A esta pena hay que añadir una multa de dos millones de euros y otra de 1.200 euros por el delito de defraudación de fluido eléctrico. Esta última multa afecta también a otro procesado, quien, según la Fiscalía, fue utilizado como testaferro para la titularidad de los vehículos e inmuebles que usaba la red.

Para los otros 11 encausados, el Ministerio Público solicita seis años de prisión y una multa de un millón de euros por el delito contra la salud público, con las mismas agravantes que el resto de procesados. Además, la Fiscalía interesa dos años de prisión para el líder de la banda, quien habría arrojado la pistola y el bolígrafo-pistola durante la intervención policial, y nueve meses de cárcel para el hermano de este después de que las fuerzas de seguridad encontraran una carabina en su domicilio.

Tras la suspensión, la Audiencia deberá fijar nuevas fechas de juicio, ya que esta causa estaba previsto juzgarse durante cuatro días.