Eduardo Baena: “La ley hipotecaria es modélica”

FOTOS: MADERO CUBERO / VIDEO: VICTOR MOLINO

A Eduardo Baena (Córdoba, 1948) le encanta hablar con metáforas y eso lo convierte en un hombre sencillo. Los jueces están acostumbrados a usar un lenguaje poblado de tecnicismos que Baena domina pero que procura ilustrar con esas metáforas que le hacen entenderse en todos los niveles sociales. Recibe a todo el equipo de Cordópolis con la misma sencillez con la que habla, al día siguiente de que le sea solicitada la entrevista y en un ambiente bastante crispado en la judicatura. Unos días antes de la cita, los jueces y fiscales se han concentrado contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dos días después de la cita, los jueces de Primera Instancia de Córdoba deciden, en asamblea, suspender los procedimientos ejecución de desahucios que estaban previstos en la ciudad.

Baena es un hombre de consenso, que lleva presidiendo la Audiencia Provincial de Córdoba desde el año 2000 y que en 2010 fue reelegido por unanimidad por el Consejo General del Poder Judicial. En sus 12 años, nunca se habían publicado tantas noticias como en todo 2012 de o desde la Audiencia Provincial de Córdoba. También es verdad que en Córdoba nunca existió un caso tan mediático como el de José Bretón.

PREGUNTA. Le hacemos la entrevista en un momento bastante particular de la Justicia. Hay manifestaciones de todos los profesionales, incluyendo jueces y fiscales. Cuando uno ve a estos agentes en la calle, le da la impresión de que es muy mala cosa; que la situación está realmente complicada. ¿Qué opina usted acerca de que los togados salgan a protestar?

RESPUESTA. Personalmente, teniendo en cuenta que estoy ya entre los 40 primeros del escalafón, pertenezco a una etapa pasada. Y las manifestaciones de calle no me agradan mucho en mi propio colectivo -no me refiero a otros, porque el derecho de manifestación es constitucional-. Pero la manifestación de calle no me gusta. Prefiero cauces más rigurosos, que son aquellos a los que nosotros estamos más acostumbrados. Lo que sí es verdad es que lo que se ha hecho en Córdoba no es tanto una manifestación cuanto una foto para dar la imagen de que hay que salir al paso de determinadas reformas. Un gesto para que se aborde de una vez los problemas de la Administración de Justicia, a fin de que el servicio sea un servicio eficaz y rápido. Para lograr, entre otras coas, que los profesionales no estemos sometidos a una situación de estrés como la que soportamos, con una carga de trabajo que es inasumible y de la que, a veces, la sociedad no es consciente. Y es que, en el día a día, la cantidad de resoluciones judiciales que se ponen, te quema mucho. Porque una de las cosas que más quema es la toma de decisiones.

Estamos sometidos a una situación de estrés de la que la sociedad no es consciente

P. Uno de los pilares contra los que se protestó es por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se ha aprobado ya la reducción de jueces sustitutos y de bajas judiciales. ¿Cómo afecta esta reforma a Córdoba y al día a día de la Audiencia?

R. Los primeros que nunca hemos sido favorables a que haya una justicia paralela sustituta somos los propios jueces que formamos parte de la Carrera Judicial. Lo ideal sería un sistema en que, cuando hay bajas o traslados o cualquier situación en que un titular no pueda hacerse cargo, sea sustituido internamente por compañeros. Pero para eso haría falta, en primer lugar, que la ratio de jueces por número de habitantes estuviese en una cantidad razonable. Y ahora mismo somos uno de los países con la menor ratio de nuestro entorno. Apenas superamos el 10, cuando otros suman más de 20. Además, necesitaríamos una estructura distinta. Y es en esto donde existen algunas iniciativas, desde hace tiempo, en los que se crean los llamados Tribunales de Instancias. En ellos, la oficina judicial sería común. Pero una cantidad de jueces llevando a cabo esas funciones jurisdiccionales no lo harían como titulares de un órgano concreto, sino como titulares de esa jurisdicción concreta con determinadas sustituciones. Eso claro, siempre que su número sea adecuado como para poder sustituirse unos a otros a la hora de una baja. Con nuestra ratio actual, la existencia de sustitutos deviene casi inexorable.

P. Uno de los objetivos de la ley de tasas que ha aprobado el Gobierno intenta evitar ese colapso de los juzgados. Pero, por contra, al tener que pagar el ciudadano la tasa por litigar parece que reduce la igualdad de oportunidades. ¿Estamos al final de la justicia gratuita?

R. No. Vamos a ver, en esta materia existe mucho ruido y poca serenidad y rigor a la hora de emitir opiniones. La justicia gratuita es una cosa que ni va ni puede desaparecer. Aquel señor que hasta unos determinados ingresos se considere que tiene beneficios de justicia gratuita, la va a seguir teniendo. Cuando hablamos de tasas, entre el gratis total y el establecer una cantidad que a ti te perturbe a la hora de acudir a los tribunales, hay zonas intermedios. Lo que venimos manteniendo es que hay que diferenciar entre el hecho de que el ciudadano contribuya en alguna cuantía al servicio público que recibe; y otra cosa es que la cuantía sea de tal entidad que a ti te impida acceder a la tutela judicial de tus derechos. Por ello, yo creo que en materia de tasas hay que distinguir, de una parte, lo objetivo: en qué casos habría que exigir y en qué casos no. Y por otro lado, la proporcionalidad de las mismas. Porque habría algunas materias que, por los intereses jurídicos en juego, no habría ni que pedir tasa alguna. En este sentido, pensemos en determinadas materias laborales en las que estamos hablando de la parte débil de la relación contractual, que es el trabajador. En cuanto a la proporcionalidad de las tasas hay que tener en cuenta que si a mí, como ciudadano, se me pide una tasa de 100 euros para reclamar una multa de tráfico de 100 euros, prácticamente se me está coartando la tutela de ese derecho. Por último, también habrá que atender a temas subjetivos de personas físicas o jurídicas. Porque no es lo mismo una persona física que va a utilizar el derecho de la Administración de Justicia una vez en su vida, que aquellas personas jurídicas que por su objeto social están continuamente en los tribunales haciendo reclamaciones judiciales.

La justicia gratuita ni va ni puede desaparecer

P. ¿Y se contempla esa proporcionalidad ahora mismo?

R. Eso es precisamente lo que se está criticando. Se considera que la tasa que se ha establecido es bastante desproporcionada. Ese es el debate que hay ahora mismo en la sociedad.

P. ¿Cree, en todo caso, que con la ley de tasas se mitigará el colapso de los juzgados?

R. Bueno, solucionar el colapso de los juzgados pasa por otras muchas medidas. Y también por un cambio cultural de la sociedad para que tenga una mayor formación en materia de arbitraje y en materia de mediación. Miren, ahora mismo lo que más colapsa los juzgados es la jurisdicción penal. Creo que de cada 10 pleitos, siete suelen ser penales. Pues bien, hay muchas medidas que crean papel para nada. Por ejemplo, en una Comisaría se denuncia un robo y no se detiene al autor. ¿Para qué se va a judicializar el tema? Porque hay que abrir unas diligencias previas, rellenar la documentación... No es un trabajo intelectual, pero sí es un trabajo burocrático que lleva tiempo y consume recursos humanos. Esto es solo un ejemplo. También habrá que ir hacia una nueva demarcación de la estructura judicial. Todo esto que les digo está diagnosticado desde hace tiempo. Lo que hace falta es que en aquellas áreas donde haga falta dotación presupuestaria, se haga un esfuerzo. Es una pena, porque cuando ha habido bonanza económica, ese esfuerzo se ha hecho en otras administraciones y sin embargo en la nuestra no. Yo no soy de los que dice que no se han hecho inversiones, lo que sí digo es que no se han hecho las que eran necesarias. El problema de la Administración de Justicia se arrastra desde mucho antes de la llegada de la Democracia a España. Hacía falta un plan de choque importante y ese no se hizo. Siempre pongo un ejemplo. No hay ni una ciudad que no tenga un gran hospital, pero hay muchísimas ciudades que no tienen una Ciudad de la Justicia. Eso, por lo que se refiere a dotación económica. Exijamos un esfuerzo económico para la Administración de Justicia. Ahora mismo, claro está, hasta donde se pueda. Pero lamentando que cuando se pudo, no se hizo. Por otro lado, para descongestionar los juzgados también hay otras medidas que son de voluntad política e imaginativas: son las reformas procesales y legislativas que pueden resolver perfectamente la situación... Pero para ellas también es necesario un cambio de postura jurídica. En Córdoba, por ejemplo, se ha avanzado en el tema de conformidades en juicio con una serie de experiencias pilotos. ¿Cómo han afectado? Pues miren, el primer día en que se celebraron esas experiencias, dejaron de ser citados a esos juicios más de 60 ciudadanos. Y de ellos, 40 eran miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esa medida no tiene ningún coste económico, es simplemente imaginativa.

El problema de colapso de la Justicia se arrastra desde mucho antes de la llegada de la Democracia a España

P. Parece que ese es el camino de la Justicia y del país... La imaginación.

R. Por eso digo, hay cosas que se tienen que arreglar forzosamente con inversión económica y otras con modificaciones. Por ejemplo, estamos cansados de decir que hay que atender la modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal. No tiene sentido que exista la barbaridad de procedimientos actuales, cuando deberían de estar unificados, evitando muchísimos trámites.

P. Antes ha criticado que cuando se pudo hacer inversión en la Justicia no se hizo y hacía referencia a la Ciudad de la Justicia...

R. Bueno, hacía referencia en general...

P. En general, sí, pero en concreto a la Ciudad de la Justicia en Córdoba. ¿Entiende por qué no se hizo esa inversión en la época de la bonanza económica?

R. El problema de la Justicia no es un problema de Córdoba ni de la comunidad autónoma andaluza es un problema nacional. La Administración de Justicia no ha sido nunca bien tratada políticamente, nunca se ha hecho una inversión ni se ha tomado con interés. Creo que es erróneo, porque económicamente hablando, invertir en Justicia es bueno. No hay más que preguntarle a un economistas cuáles son los parámetros que cualquier inversor foráneo utiliza para ir a un país. Lo primero que pedirá saber es si hay o no corrupción; si hay garantía de cobro de créditos en un tiempo razonable; y por supuesto, si la Administración de Justicia funciona bien. En definitiva, si existe seguridad jurídica. Aquí tenemos la gran ventaja de que seguridad jurídica ha existido y tenemos un plantel de jueces y magistrados muy bien preparados. Pero sin duda, se ha abusado un poco del voluntarismo de los mismos. La carga competencial que se va asumiendo es impresionante. La Audiencia Provincial de Córdoba está prácticamente al día, como hace 13 años. Pero sin embargo, el número de asuntos que se veían entonces es sensiblemente inferior al que se está viendo ahora. ¿Qué ocurre? No ha habido modificación alguna de la planta de magistrados ni división de jurisdicción, que tan beneficiosas serían. Sin embargo, hemos suplido con entrega y con esfuerzo esa falta de ampliación de planta que no era correlativa con el incremento de carga competencial. Es decir, se ha hecho con voluntarismo. Y hay que felicitar a la judicatura española en ese sentido.

La Administración de Justicia nunca ha sido bien tratada políticamente

P. Presidente, cuando el otro día leyó que la Junta daba una prórroga de un año para que las empresas adjudicatarias en la construcción y gestión de la futura Ciudad de la Justicia de Córdoba encontrasen financiación, ¿qué pensó? ¿La Audiencia puede aguantar mucho más tiempo con su actual estructura física?

R. La Audiencia lo que no puede ya es ampliar ni para una sala de escobas. Lo que sí que habrá que hacer son más sedes desplazadas, si es que corresponde hacerlas porque se creasen nuevos órganos. Pero en ese sentido, no hay peligro porque por la situación económica, no se va a crear ninguno más. En cualquier caso, no diría que la situación de la Audiencia sea gravísima, pero sí preocupante. Porque estamos excesivamente apretados. Y estoy pensando sobre todo en los profesionales y los ciudadanos, ya que están sujetos a un peregrinaje judicial continuo. Y desde luego, lo mejor de la Ciudad de la Justicia es que todos lo órganos comunes y de apoyo están bajo un mismo techo.

La Audiencia no puede ya ampliarse ni para una sala de escobas

P. ¿Confía en verla construida alguna vez?

R. Confío en que así sea. Es lo que deseo. Sé que ahora mismo la situación es complicada, pero creo que el sistema de financiación público privada no está mal pensado. Aunque las entidades financieras parece ser que son muy reticentes a ingresar dinero a estas empresas. Pero yo creo que cuando la Ciudad de la Justicia esté terminada, con ese sistema público privado, la renta que pagaría la Junta a las empresas rondaba más de 9 millones de euros anuales. Y ahí, las entidades que prestaron el dinero tienen una garantía. Aunque ese tema, la verdad es que es resbaladizo para mí... En todo caso, lo cierto es que no tenemos la Ciudad de la Justicia. Yo empecé a hablar de su necesidad en el año 2000 y en fin...

Yo empecé a hablar de la necesidad de la Ciudad de la Justicia en el año 2000 y en fin...

P. La Justicia está todos los días en los medios de comunicación. Ahora estamos viendo, por ejemplo, todo el drama de los desahucios. El Gobierno quiere cambiar por urgencia una ley hipotecaria que es de las más antiguas de Europa, de 1909...

R. Bueno, ahí quiero hacer una matización. Nuestro ordenamiento jurídico tiene algunos códigos y algunas leyes que pueden ser del siglo XIX o principios del XX. Y todas han ido sufriendo modificaciones. En este sentido, quiero decir que la ley hipotecaria que nosotros tenemos -y quiero hacer un canto en favor de ella- es modélica dentro del mundo. No hay que olvidar que la seguridad jurídica que ofrece es la que ha propiciado que grandes capas de las clases medias -entre las que me encuentro- hoy tengamos vivienda en propiedad, cuando nuestros padres eran arrendatarios. La seguridad jurídica te la da un buen Registro de la Propiedad y en España es modélico. Lo que ocurre es que ahora estamos viviendo una situación complicada. Hay que distinguir el problema jurídico y el social. El social es gravísimo y hay que abordarlo con políticas sociales para atender a todas esas familias que se ven en la calle sin un techo. Pero las modificaciones jurídicas -que se tienen que hacer porque hay que acomodarse a las realidades sociales cambiantes- hay que abordarlas con mucho cuidado y sosiego. No vaya a ser que, por arreglar un tema coyuntural, estemos perjudicando a generaciones futuras. Porque si por un tema coyuntural desmontamos todo ese gran engranaje legal que ahora existe, podemos estar poniendo las bases para que nuestros descendientes no puedan acceder a la vivienda. Así que, ¿modificaciones jurídicas? Se pueden hacer perfectamente, pero no tantas como se están diciendo. Cuando se dice que la ley hipotecaria está obsoleta, hay que tener cuidado. Posiblemente, necesite algún retoque, pero fundamentalmente lo que ahora mismo está provocando toda esta situación con los desahucios no es la ley hipotecaria, sino la ley de enjuiciamiento civil. Y esa es del año 2000. Se puede modificar la ley del año 2000 de ejecución hipotecaria, en el sentido de que se prevea un trámite donde se debatan aquellas cláusulas que tengan naturalezas abusivas. En lo jurídico se ha de huir del ruido y verlo profesionalmente con mucho detenimiento, sosiego y poniendo los puntos sobre las íes para garantizar las ventajas que ha venido ofreciendo. Y, por otro lado, abordar los problemas sociales con políticas sociales.

Probablemente lo que está provocando esta situación con los desahucios no es la ley hipotecaria sino la de enjuiciamiento civil

P. ¿Estaría de acuerdo con una moratoria en la ejecución de los desahucios, como piden algunos colectivos?

R. Si la moratoria supone dar oxígeno porque después de la moratoria los afectados pueden recuperarse, bienvenida sea. Pero hay que distinguir caso por caso. Porque puede haber personas a las que se les ofrezca la moratoria y dentro de dos años estén en la misma situación.

P. ¿Le llegan casos de jueces que detecten esas cláusulas abusivas y que ellos no puedan hacer nada y deban ordenar los desahucios?

R. Eso ahora mismo ha venido resuelto por una reciente sentencia de junio de este año donde, al abordar un tema monitorio, dice que si el juez de oficio puede ver esa cláusula abusiva en el interés no se integre el contrato. El argumento que da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un muy curioso. Dice que si uno integra el contrato en lo que se considera justo, se van a ir todos a intereses muy altos y el que cuele, cuele, y si no, el juez lo bajará. Pero si el juez lo lleva al 0, preferirán marcar un interés razonable de manera directa. Porque si nos lo considerasen abusivo, se quedarían sin ningún interés. Por eso digo que la modificación que sí puede hacerse -y estoy seguro que se va a hacer- es que en la modificación de las ejecuciones hipotecarias de la ley de enjuiciamiento civil se establezca la posibilidad de que antes de ir a la venta del bien se puedan discutir algunas cláusulas abusivas si es que concurren. A efectos de aminorar los intereses moratorios o una cláusula de vencimiento que sea totalmente abusiva.

P. ¿Le extraña que no le hayamos preguntado todavía por el caso de José Bretón?

R. No me he pronunciado nunca. Hace poco leí que el mayor regalo que el Ejército francés le hizo a Francia en el tiempo de Napoleón fue su silencio. Pues yo creo que ahora, cuando todo el mundo habla del caso Bretón, el mayor favor que podemos hacer desde la Administración de Justicia de Córdoba es su silencio. Porque, cuando todo el mundo sabe de todo, los que somos profesionales debemos callarnos y dejar que hablen los tribunales.

P. Está claro que va a ser el juicio más mediático de la historia de Córdoba.

R. De eso no cabe la menor duda. El tema tal y como está planteado, va a tener una gran trascendencia.

P. Una Audiencia como la de Córdoba, con sus limitaciones físicas, ¿está preparada para la que se le viene encima?

R. Ya tengo hablado con el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia, que tiene experiencia por los casos de Mari Luz en Huelva y Marta del Castillo en Sevilla, el establecer una organización a fin de que se cubra mediáticamente el juicio sin perturbar el desarrollo del mismo con un sistema de grabación fija.

P. ¿Se ha llevado usted alguna vez las manos a la cabeza con las cosas que se han dicho o se han publicado en el caso Bretón?

R. Bueno, me llevo las manos a la cabeza... Cuando oigo las tertulias radiofónicas, veo que hay mucho sabio a tiempo parcial que sabe de todo. Yo creía que solo le pasaba a San Isidoro de Sevilla. Y la verdad es que sí, cuando veo y leo algunas cosas me llevo las manos a la cabeza. Pero no solo en este caso tan desgraciado que se está viendo, sino en otros muchos.

(Sobre el caso Bretón) Hay mucho sabio a tiempo parcial que sabe de todo

P. Hace unas semanas el Parlamento le dio la razón a una mujer que pidió en los Juzgados de Posadas documentación para esclarecer el paradero del cuerpo de su padre, fusilado en Córdoba en 1936. ¿Cómo es posible que a estas alturas el juzgado todavía no le haya dado la documentación?

R. No tengo en mis manos ni la resolución de Posadas ni la del Europarlamento. Pero por lo que he leído en prensa, lo que dice Europa es que se puede investigar dónde se encuentra esa persona. Pero no se dice nada de que se judicialice el caso. Se puede conseguir por medios administrativos.

P. De hecho, es una petición de documentación.

R. No conozco el caso de Posadas, pero cuando se ha pedido aquí, se ha buscado y si se ha encontrado se ha dado sin problema.